El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, marcando un hito significativo en el panorama industrial de España. Esta nueva legislación busca establecer un marco regulador robusto para coordinar las políticas industriales a nivel nacional, incentivando un sector más competitivo y sostenible.
La ley tiene como objetivo primordial incrementar el peso de la industria dentro de la economía española. Para ello, plantea fomentar su competitividad y resiliencia, alineándose con los compromisos nacionales de descarbonización y transformación digital. Estos esfuerzos buscan integrar a la industria española de manera más sólida en el mercado europeo, asegurando la libertad de establecimiento, la libre circulación de productos y la unidad de mercado. La nueva normativa también apunta a reforzar tanto la seguridad como la calidad industriales, ampliando las responsabilidades del sector.
A su vez, la legislación se acomoda a la estrategia industrial de la Unión Europea, incorporando planes que promueven una mayor autonomía estratégica. Se fomentará el talento y se protegerá la propiedad industrial, mientras que la digitalización será clave para transformar el sector en un modelo de cero emisiones para 2050.
En cuanto a la gobernanza de la ley, se introducen varios elementos estructurales importantes. La Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica definirá las directrices de la política industrial, previa consulta con comunidades autónomas y agentes sociales. El desarrollo de programas orientados a mejorar la competitividad y autonomía estará a cargo del Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de tres años. Además, el Consejo Estatal de Política Industrial y la Conferencia Sectorial de Industria y PYME se encargarán de coordinar las acciones, mientras que el Foro de Alto Nivel de la Industria Española asesorará al Ministerio de Industria y Turismo.
La ley también propone medidas adicionales significativas, como la protección especial para la industria de alta intensidad energética, facilitando su proceso de descarbonización. Se pretende acelerar la inversión industrial y se imponen obligaciones para devolver ayudas en caso de reducción drástica de producción o de plantilla.
En el mismo orden del día, el Consejo de Ministros ha transformado la Sociedad Mercantil Estatal SEPI Desarrollo (SEPIDES) en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial. Esta entidad, ahora pública, será la encargada de gestionar los nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) con financiación europea, reforzando los esfuerzos de reindustrialización y modernización del sector.
