El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado a Guatemala responsable por la falta de implementación de acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación pactadas con los pueblos Maya K’iche’, Maya Ixil y Maya Kaqchikel. Esta decisión se produce en el contexto del desplazamiento forzado que han sufrido estas comunidades a lo largo de los años.
En 2021, 269 personas de estos grupos llevaron su caso al Comité, argumentando que sus derechos, tal como lo estipula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habían sido violados. Las quejas se refieren a la falta de cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2011, que incluía la construcción de viviendas alternativas para aquellos forzadamente desplazados durante las operaciones de tierra arrasada del conflicto armado interno en la década de 1980.
Hélène Tigroudja, integrante del Comité, destacó que el problema del desplazamiento forzado continúa vigente hasta que las víctimas tengan la posibilidad de regresar a sus hogares o sean reasentadas en condiciones seguras. El Comité resaltó que las comunidades sufrieron un desarraigo violento, obligándolas a abandonar sus tierras y a refugiarse en la capital, lo que ha llevado a un ocultamiento de su identidad cultural. La pérdida de acceso a tradiciones y lenguas ha creado un vacío irreparable, que afecta no solo a los sobrevivientes, sino también a las futuras generaciones.
El impacto de esta crisis es aún más profundo debido al trauma intergeneracional que afecta a estas comunidades, especialmente a los niños nacidos en circunstancias de desplazamiento. El Comité también recordó las atrocidades de las operaciones de tierra arrasada, donde muchas víctimas fueron incapaces de llevar a cabo rituales funerarios, un derecho fundamental que les fue arrebatado.
Ante estas violaciones de derechos, el Comité ha instado al Estado guatemalteco a identificar y entregar los restos de los familiares desaparecidos, permitiendo que sean honrados de acuerdo con sus tradiciones. Además, pidió la construcción inmediata de las viviendas acordadas, el acceso a tratamiento médico, becas educativas y un reconocimiento público de responsabilidad que incluya una disculpa formal. También se requirió que los contenidos de la decisión sean traducidos a los idiomas de los pueblos maya involucrados.
