La oficina del Fiscal General de California ha lanzado un nuevo boletín para guiar a las fuerzas del orden sobre el cumplimiento de la ley estatal AB 481. Esta legislación se centra en la regulación del uso, adquisición y divulgación del equipo militar por parte de las agencias policiales. La acción surge después de que un informe revelara que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha incumplido de manera notoria esta normativa.
El documento enfatiza que las agencias policiales deben obtener autorización de los órganos de gobierno locales, como los concejos municipales o las juntas de supervisores, antes de adquirir equipos de carácter militar. Asimismo, recalca la obligación de publicar en sus sitios web la política de uso del equipo militar, que debe exponer claramente sus capacidades, propósitos, impactos financieros y asegurar mecanismos de supervisión en caso de violaciones.
La directriz es tajante: cualquier agencia que no haya obtenido la debida autorización debe detener el uso de equipos militares, incluidos drones. Esta advertencia se torna especialmente crítica en San Francisco, donde se ha descubierto que el SFPD adquirió drones sin el permiso necesario, pese a estar al tanto del incumplimiento legal, según advertencias de sus propios oficiales de política interna.
En un entorno donde pocos estados y ciudades regulan el uso de tecnología y equipo policial, California destaca por su normativa AB 481, que exige transparencia, supervisión y control democrático en cuanto al equipo militar por parte de los funcionarios electos. Sin embargo, la efectividad de estas regulaciones se diluye sin un mecanismo de rendición de cuentas que garantice su cumplimiento por parte de las fuerzas del orden.
Ante este panorama, el SFPD y demás agencias en California están obligadas a revisitar las regulaciones aludidas. Es fundamental que obtengan las aprobaciones gubernamentales pertinentes, justifiquen sus adquisiciones y presenten informes anuales sobre el equipo y sus costos para asegurar conformidad con la normativa estatal.
