La Inteligencia Artificial (IA) y el derecho están en un momento crucial de intersección mientras los reguladores buscan la regulación óptima para una tecnología en rápido avance. En este contexto, el Informe de Competitividad de la Unión Europea, de septiembre de 2024, subraya la necesidad de un examen cuidadoso del próximo presupuesto europeo para evitar que una regulación excesiva frene un futuro impulsado por la IA.
Presentado por Mario Draghi, el informe destaca que el estancamiento económico y la burocracia excesiva podrían amenazar la innovación y el bienestar social en Europa. Propone un conjunto de políticas sectoriales y horizontales para que la UE pueda competir con gigantes como Estados Unidos y China. Entre las propuestas, destaca una inyección financiera de entre 750.000 y 800.000 millones de euros, lo que supone un 5% del PIB de la Unión. De estos fondos, 450.000 millones de euros se destinarían a la transición energética.
Junto a estas inversiones, se recomienda reformar las leyes de competencia para facilitar fusiones entre corporaciones europeas, un tema de debate desde la denegación de la fusión entre Siemens y Alstom en 2019. La aplicación de estas propuestas no solo depende de Draghi ante el Consejo Europeo, sino también de factores como la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, que comenzará en enero de 2025, y las negociaciones del calendario financiero plurianual de la UE para 2028-2034.
El informe también resalta la necesidad de incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) para abordar la demanda computacional creciente que genera la IA, un área en la que Europa está atrás. Actualmente, las empresas europeas solo representan el 7% del gasto mundial en I+D en software y servicios informáticos, comparado con el 71% de EE. UU. y el 15% de China.
A pesar de esto, Europa tiene una posición sólida en la computación de alto rendimiento (HPC), con infraestructuras públicas distribuidas en seis países miembros. Está previsto el lanzamiento de dos computadoras de exaescala, ampliando así la capacidad de cómputo disponible para startups de IA, crucial para ayudar a estas a escalar sus operaciones.
El modelo digital de la UE incluye legislaciones significativas como la Ley de Mercados Digitales, que establece obligaciones para grandes plataformas digitales. Estas regulaciones buscan asegurar un sector digital justo y competitivo, aunque se anticipa resistencia entre las empresas de la UE y EE. UU., a medida que estas integran más la IA en sus tecnologías.
El informe destaca que solo el 11% de las empresas europeas adoptan la IA, aspirando al 75% para 2030. Esta cifra refleja la falta de capital de riesgo y la carencia de grandes proveedores de servicios en la nube, similares a asociaciones como la de OpenAI y Microsoft en EE. UU.
En marzo de 2024, la UE aprobó la Ley de IA, que clasifica los sistemas de inteligencia artificial en niveles de riesgo. Su efectividad será más visible hacia 2026. Con el avance rápido de la IA, el futuro regulatorio será una combinación de emoción y controversia.
El porvenir de la IA en Europa dependerá no solo del financiamiento en I+D, sino también de la revisión de las leyes de competencia. La colusión tácita y la inercia del consumidor, influenciadas por la lealtad a la marca y los costos de cambio, son desafíos que los reguladores deben enfrentar para proteger a los consumidores y asegurar un mercado competitivo.
Aunque la ley de IA de la UE es un paso significativo, el rezago europeo en el desarrollo de esta tecnología podría restarles cuota de mercado frente a competidores extranjeros. Para fortalecer la competitividad y minimizar prácticas anticompetitivas, será esencial una reforma continua que permita a las empresas europeas prosperar en un entorno global.
