Las políticas enfocadas en promover la digitalización de los procesos gubernamentales están experimentando un crecimiento significativo en América Latina, tanto a nivel local como regional. Aunque estas iniciativas tienen el potencial de facilitar el acceso a los servicios públicos, también presentan el riesgo de complicar dicho acceso y poner en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, el avance hacia la digitalización del gobierno demanda una priorización de la transparencia y la protección de la privacidad.
Recientemente, en noviembre, se aprobó la Agenda Digital 2026 para la región, en el contexto de la IX Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública mediante la digitalización de procesos y servicios. Un componente esencial de esta agenda es la creación de sistemas de identidad digital que faciliten el acceso a los servicios públicos al mismo tiempo que promueven la integración regional.
Sin embargo, la transformación digital del Estado enfrenta importantes desafíos. A menudo, la búsqueda de eficiencia se traduce en recortes presupuestarios que pueden limitar el acceso a los procesos públicos y afectar derechos fundamentales. Aunque la digitalización puede simplificar el acceso, también puede complicarlo, especialmente para grupos vulnerables con menor acceso a la tecnología y conocimientos digitales limitados.
La incorporación de tecnologías digitales en la administración pública no garantiza automáticamente una mayor transparencia o participación ciudadana. Para lograr estos objetivos, es crucial que los gobiernos implementen políticas que fomenten la participación activa de la ciudadanía en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, así como en la transición digital de los Estados.
Es fundamental abordar con cautela el uso de sistemas de identificación digital y la interoperabilidad de datos, ya que la falta de garantías para la privacidad y la seguridad puede conducir a una vigilancia masiva y a la erosión de la privacidad individual. Las personas deben tener el derecho de optar por mantener el uso de documentos físicos, en lugar de depender exclusivamente de plataformas digitales.
Un tema que genera preocupación es el uso de inteligencia artificial (IA) en el sector público. Costa Rica ha sido pionera en Centroamérica al implementar una estrategia nacional de IA, centrada en mejorar los servicios públicos. Asimismo, Brasil ha anunciado un plan de IA que incluye proyectos que podrían ser beneficiosos para la sociedad, aunque plantean grandes retos en torno a la gestión de datos personales.
En Argentina, el nuevo gobierno ha promulgado regulaciones que permiten a las fuerzas de seguridad utilizar tecnologías de vigilancia cibernética e inteligencia artificial. Si bien estas acciones se justifican bajo argumentos de seguridad, han generado alertas sobre posibles abusos y la falta de transparencia en su puesta en práctica.
La protección de los derechos humanos en el marco de la digitalización gubernamental es crucial. Están surgiendo esfuerzos para establecer marcos de responsabilidad que orienten el uso de la inteligencia artificial y otros sistemas algorítmicos en decisiones que afectan a las personas. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de tecnologías de vigilancia es esencial para mantener la confianza pública y asegurar que la digitalización no comprometa derechos fundamentales.
A medida que América Latina avanza hacia una mayor digitalización, es imperativo que este proceso sea inclusivo y respetuoso de los derechos humanos, garantizando que la tecnología empodere a los ciudadanos en lugar de alejarlos del Estado. La sociedad civil desempeña un papel clave en esta tarea, siendo esencial mantener un debate abierto sobre la implementación de tecnologías que, aunque prometedoras, deben ser gestionadas con un firme compromiso hacia los derechos fundamentales.
