En un sorprendente giro de los acontecimientos, una serie de demandas por parte de supuestos «trolls de patentes» ha llevado a derivaciones criminales, sacudiendo los cimientos del sistema de patentes en Estados Unidos. Tres empresas anónimas, Mellaconic IP, Backertop Licensing y Nimitz Technologies, se convirtieron en el foco de atención tras presentar múltiples demandas en el tribunal federal de Delaware en 2022. Estas demandas acusaban a diversas empresas de todas las magnitudes de haber infringido patentes, incluyendo una particularmente controvertida sobre el fichaje laboral a través de aplicaciones móviles.
El juez encargado del caso, Colm Connolly, inició una investigación exhaustiva al notar comportamientos inusuales en el manejo de las patentes y su titularidad. Descubrió que los verdaderos propietarios de estas patentes no eran más que fachadas, incluyendo a un operador de camiones de comida que esperaba obtener «ingresos pasivos», y el cónyuge de un abogado de IP Edge, la compañía involucrada en estas litigaciones de patentes.
La investigación del juez Connolly reveló que los abogados asociados habían violado las normas éticas profesionales, sugiriendo incluso que el operador del camión pudo haber sido engañado sobre su responsabilidad en el caso. IP Edge, según el juez, era el verdadero «dueño de facto» de las patentes, pero intentó ocultar su involucramiento. Esta revelación llevó a Connolly a referir a tres abogados de IP Edge al Comité de Práctica No Autorizada del Tribunal Supremo de Texas y a sugerir al Departamento de Justicia una investigación más profunda sobre las actividades de las entidades implicadas.
A pesar de los intentos de los abogados por impugnar la autoridad del juez Connolly, las organizaciones de reforma de patentes apoyaron la investigación, destacando la importancia de la transparencia en los tribunales federales. El tribunal de apelaciones dictaminó a favor de continuar con la investigación, lo que resultó en que los abogados fueran derivados a las agencias disciplinarias pertinentes.
Un caso particular de Nimitz Technologies mostró cómo las complejidades internacionales también entran en juego. Mark Hall, el supuesto propietario de una patente disputada, fue incapaz de explicar su adquisición. La patente procedía originalmente de Nokia y fue vendida a un fondo de inversión soberano francés, Francia Brevets, que utilizó abogados estadounidenses para litigar contra empresas locales.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad urgente de garantizar la transparencia en los litigios por patentes, protegiendo el sistema de innovación de ser explotado por entidades cuya motivación real no es el avance tecnológico, sino el beneficio mediante la manipulación jurídica. La intervención judicial busca salvaguardar la justicia y promover reglas claras sobre el financiamiento y la verdadera titularidad en los casos de patentes litigadas.
