El descubrimiento de un embarazo puede llevar a una montaña rusa emocional para quienes lo experimentan, generando desde alegría hasta angustia. En esta etapa, muchas personas consideran compartir dicha información con un proveedor médico o un consejero mientras exploran sus opciones. Para algunos, la opción más natural es acudir a su obstetra de confianza o a una clínica de Planned Parenthood. Otros, sin embargo, optan por dirigirse a un centro de embarazo en crisis (CPC).
Sin embargo, la situación se complica debido a que algunos de estos centros no priorizan la privacidad de sus usuarios. Los CPC, que suelen estar asociados a organizaciones religiosas con posturas antiabortistas, ofrecen servicios como pruebas de embarazo y asesoramiento, pero no brindan asistencia en salud reproductiva, como el aborto o la anticoncepción. Aunque algunos pueden operar legalmente, muchos otros no lo están. En 2022, se estimó que estos centros generaron ingresos cercanos a 1.400 millones de dólares, con financiamiento proveniente de fondos federales y estatales.
El Campaign for Accountability presentó quejas ante fiscales generales de varios estados, entre ellos Idaho, Minnesota, Washington, Pennsylvania y Nueva Jersey, solicitando investigaciones sobre la posible tergiversación que los CPC realizan respecto a la protección de la información de sus clientes, sugiriendo erróneamente que están amparados por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA).
Una situación en Luisiana avivó las alarmas sobre la privacidad tras la filtración accidental de nombres e información personal en un video de capacitación. Esta falta de protección no se limita a un solo estado; en Missouri, por ejemplo, un centro de ayuda al embarazo afirma adherirse a prácticas de privacidad según la HIPAA, lo que podría no ser cierto en la práctica.
La ausencia de suficientes protecciones se extiende a estados como Florida, Texas y Arkansas, donde se encuentran afirmaciones engañosas sobre la salvaguarda de la información personal. En un contexto en el que no existen leyes federales integrales que aborden la privacidad de manera efectiva, es fundamental que los fiscales generales estatales actúen para proteger a sus comunidades de prácticas engañosas.
Más allá de las opiniones sobre salud reproductiva, hay un consenso creciente sobre el derecho a la privacidad como un derecho humano esencial. Los consumidores tienen el derecho a la transparencia, y es responsabilidad de las autoridades asegurar que su información confidencial, particularmente datos médicos delicados, esté protegida adecuadamente.
