Dos años y medio después del inicio de las protestas bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad» en septiembre de 2022, el gobierno de Irán ha intensificado sus esfuerzos para restringir los derechos de mujeres, niñas y otros grupos que exigen derechos humanos. Esta alerta proviene de un nuevo informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán, presentado el pasado viernes.
El informe destaca que, a pesar de las promesas del presidente Masoud Pezeshkian de suavizar la aplicación de las estrictas leyes sobre el hiyab obligatorio, las medidas represivas se han incrementado. Desde abril de 2024, el Estado ha implementado el «plan Noor», que busca incrementar la vigilancia y la persecución penal contra las mujeres que desafían el uso del hiyab. Las defensoras de los derechos humanos y activistas enfrentan severas sanciones, que incluyen multas y largas penas de prisión, y en algunos casos, la pena de muerte por participar en actividades pacíficas en favor de los derechos humanos.
El informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 18 de marzo de 2025, revela que estas acciones evidencian un patrón sistemático y persecutorio por parte del Estado, que resulta en la represión de los derechos humanos de mujeres y niñas, así como de su derecho a la igualdad. Asimismo, se enfatiza que la persecución se extiende a víctimas de tortura y a aquellos que muestran solidaridad con ellas, incluyendo defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Muchos han sido forzados a abandonar el país.
El Estado también ha ampliado sus controles sobre el espacio digital, buscando silenciar no solo a los manifestantes dentro de Irán, sino también a los defensores de derechos humanos que expresan sus opiniones desde el extranjero. Hasta el momento, se ha documentado que diez hombres han sido ejecutados en el contexto de las protestas, y al menos 14 personas, incluyendo mujeres, se encuentran en riesgo inminente de ejecución. La falta de garantías de juicios justos y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura agravan la situación.
La Misión de Investigación ha corroborado información de víctimas y testigos, así como datos proporcionados por el gobierno, a través de exhaustivas indagaciones. Aunque se han llevado a cabo algunos juicios por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, estas acciones son consideradas insuficientes. El Estado ha negado su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Además, el informe indica que las víctimas y sus familias que buscan justicia son sistemáticamente intimidadas y amenazadas, enfrentándose a acciones penales. Muchos expresan una profunda desconfianza hacia el sistema judicial iraní, señalando que no tienen esperanza de obtener verdad, justicia o reparaciones significativas.
En su investigación, la Misión ha encontrado pruebas de violaciones graves, incluyendo situaciones de violación grupal de mujeres manifestantes y el uso de simulacros de ejecución como método de tortura. Las fuerzas de seguridad no hacen distinción entre manifestantes adultos y niños, sometiendo a todos a un trato similar que se caracteriza por el uso excesivo de la fuerza y tortura. Las minorías étnicas y religiosas, en especial los kurdos, baluchis y personas LGBTQ+, han sido especialmente vulnerables a estos abusos en el contexto de las protestas.
Dada la complejidad de los problemas de derechos humanos en Irán, el informe sugiere que el Consejo de Derechos Humanos considere la posibilidad de establecer un nuevo órgano independiente para dar seguimiento a la labor de la actual Misión.
