La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha encabezado una jornada informativa centrada en los préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigidos a promotores interesados en construir viviendas asequibles. Este evento, celebrado hoy, destaca la relevancia de esta línea de financiamiento como parte esencial del Programa de Construcción de Vivienda Asequible dentro del Plan de Recuperación.
Rodríguez enfatizó que este apoyo financiero es crucial para asegurar la viabilidad económica de más de 500 proyectos de construcción ya en marcha. Esta iniciativa no solo implica la concesión de préstamos, sino que también cuenta con un respaldo estatal de 2.000 millones de euros en avales para garantizar la financiación de los beneficiarios.
Actualmente, el ministerio evalúa 63 proyectos que suman un total de 20.000 viviendas, con un coste de financiación cifrado en 2.100 millones de euros de un total de 4.000 millones disponibles. Estos proyectos incluyen tanto la construcción de nuevos edificios como la rehabilitación de infraestructuras existentes, siempre con la mirada puesta en el alquiler social y la eficiencia energética.
El programa de préstamos del ICO está dirigido a promotores tanto públicos como privados y tiene el objetivo de aumentar el número de viviendas en régimen de alquiler social o a precios asequibles, además de financiar la adquisición de terrenos o edificios. Los proyectos financiados deben cumplir con estrictos requisitos energéticos, asegurando que las nuevas construcciones consuman menos del 20% de la energía primaria respecto a edificios con consumo casi nulo, mientras que las representadas deben reducir en un 30% el uso de energía primaria no renovable.
Por otra parte, el plazo para completar los proyectos varía dependiendo de su naturaleza, estableciéndose fechas límite entre 2026 para nuevas construcciones urbanizadas y ocho años para terrenos no desarrollados, con opciones de prórroga. Las operaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2022 deben formalizarse antes del 31 de agosto de 2026, accesibles a través del ICO o de las entidades financieras colaboradoras, cada una aportando hasta 2.000 millones de euros, ajustando su oferta según la demanda.
Finalmente, el Gobierno ha puesto en marcha una línea de avales que cubre hasta el 50% del capital del préstamo, gestionada sin coste por el ICO y aplicada automáticamente con la concesión del préstamo. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, tiene como objetivo mejorar y ampliar el acceso a viviendas económicamente accesibles por todo el territorio nacional.
