Más de seis millones de personas podrían perder la vida a causa del sida en los próximos cuatro años si Estados Unidos decide retirar los fondos destinados a los programas de tratamiento y prevención del VIH/SIDA. Esta alarmante advertencia fue emitida por ONUSIDA en un informe publicado el pasado viernes desde Ginebra, en el que se expresa una profunda preocupación por el futuro de los servicios relacionados con esta enfermedad.
El informe llega en un momento crítico, ya que, a pesar de que la reciente ayuda exterior de Estados Unidos incluyó una exención para los programas contra el VIH/SIDA durante la congelación de la ayuda del mes anterior, existe incertidumbre en las comunidades sobre la aplicación de dicha exención. Christine Stegling, subdirectora ejecutiva de ONUSIDA, enfatizó que «hay mucha confusión, especialmente en las comunidades», y subrayó los disturbios que ya están afectando la prestación de servicios a nivel comunitario.
Las consecuencias de los recortes ya se están sintiendo. Donald Trump, al asumir la presidencia el 20 de enero, suspendió durante 90 días la ayuda exterior. Aunque el Departamento de Estado emitió una exención que permite la continuidad del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), el futuro del mismo aún es incierto. ONUSIDA advierte que una eventual falta de autorización del PEPFAR entre 2025 y 2029 podría resultar en un incremento del 400% en las muertes atribuidas al sida, lo que se traduciría en aproximadamente 6,3 millones de decesos.
Desde su implementación en 2003, el PEPFAR ha jugado un papel crucial en la lucha contra el VIH/SIDA, salvando más de 26 millones de vidas mediante la inversión en programas de prevención y tratamiento en 55 países. Sin embargo, la reducción de la financiación estadounidense está generando temores sobre el impacto a largo plazo en los esfuerzos por prevenir nuevas infecciones. Mientras que los servicios de tratamiento a menudo cuentan con el respaldo de los gobiernos locales, las iniciativas de prevención dependen en gran medida de fondos internacionales.
La situación en Etiopía es un ejemplo dramático de estos efectos. Según ONUSIDA, se han rescindido 5,000 contratos de trabajadores de la salud financiados por Estados Unidos, junto a otros 10,000 contratos de personal encargado de gestionar datos de pacientes. A pesar de que Etiopía está cerca de alcanzar los ambiciosos objetivos globales 95-95-95 en la lucha contra el VIH, la reducción de la financiación podría poner en riesgo estos logros. Entre las consecuencias inmediatas, se estima que 2,385 personas perderán el acceso al tratamiento antirretroviral y 235,560 se verán afectadas en la disponibilidad de preservativos, herramientas esenciales para prevenir nuevas infecciones.
La comunidad internacional sigue con creciente preocupación esta situación, temiendo que la suspensión de fondos no solo afecte a los que viven con el VIH, sino que también limite los esfuerzos para controlar la propagación del virus en un momento en que la lucha contra esta pandemia sigue siendo fundamental.
