La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha levantado una nueva alerta respecto al uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT) por parte de diversas agencias gubernamentales, señalando serios problemas en su implementación y riesgos para los derechos civiles de los ciudadanos. Un reciente informe del organismo pone en el centro de la discusión el uso que hacen de esta tecnología departamentos como el de Justicia (DOJ), Seguridad Nacional (DHS) y Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
El informe detalla que el DOJ, a través de entidades como el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, recurre al reconocimiento facial principalmente para generar pistas en investigaciones criminales. Por su parte, el DHS emplea esta tecnología en investigaciones relacionadas con delitos transfronterizos y para la identificación de viajeros. Finalmente, el HUD ha sido señalado por su implementación de cámaras de vigilancia en proyectos de vivienda pública subvencionados a nivel federal.
Sin embargo, la Comisión enfatiza que la capacitación en el manejo de estos sistemas dentro de estas instituciones es insuficiente, y que el uso de FRT puede representar una amenaza significativa a los derechos civiles. En respuesta al informe, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha manifestado su apoyo hacia una prohibición total del uso gubernamental de FRT y propone una regulación estricta para su uso dentro del sector privado. En declaraciones entregadas en abril, la EFF advirtió sobre los peligros de esta tecnología, argumentando que hay una gran necesidad de aumentar la comprensión sobre su funcionamiento y potencial impacto.
Un punto crítico destacado en el informe es la inexactitud de los sistemas de reconocimiento facial, especialmente frente a personas de color y miembros de la comunidad LGBTQ+. Esta tecnología acusa un mayor número de falsos positivos en estos grupos, lo cual puede tener graves consecuencias en procedimientos criminales y decisiones que afectan la vida y libertad de las personas. Las disparidades observadas se deben, en parte, a sesgos existentes en los algoritmos que conforman estos sistemas, los cuales tienden a fallar más al capturar rostros de personas con piel oscura.
Ante estos hallazgos, la Comisión recomienda que el Congreso y los líderes de agencias gubernamentales introduzcan mejores mecanismos de supervisión y transparencia. Aunque la EFF coincide en los puntos fundamentales del informe, mantiene que es urgente adoptar medidas más drásticas para enfrentar las amenazas que FRT supone para las libertades civiles, la privacidad y la seguridad individual. La organización subraya su compromiso en la lucha para prohibir el uso de FRT por parte de los gobiernos y busca abogar por una regulación estricta a nivel privado.
