Desde la vasta estepa patagónica hasta los arrecifes de coral de las Islas Galápagos, la biodiversidad del planeta se encuentra bajo una alarmante amenaza. Con más de un millón de especies en peligro de extinción, la necesidad urgente de financiar la conservación se manifiesta con fuerza, especialmente en el contexto del Día Mundial de la Vida Silvestre, que este año tiene como lema «Financiación de la conservación de la vida silvestre: Invertir en las personas y el planeta». Esta conmemoración destaca la vital importancia de las plantas y animales salvajes, que son parte esencial de la red de vida en la Tierra y proveedores de servicios que sostienen medios de vida, ya que más de la mitad del producto interior bruto (PIB) mundial depende de la naturaleza.
El impacto de la pérdida de especies se ve amplificado por las actividades del crimen organizado, específicamente en América Latina. En naciones como Ecuador, los delitos ambientales han surgido como un nuevo pilar financiero para estas organizaciones, dado su alto potencial de rentabilidad y bajo riesgo. Leopoldo Fernández, responsable de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Ecuador, señala que el tráfico de especies y la minería ilegal se han convertido en oportunidades muy lucrativas para los criminales, facilitando al mismo tiempo el lavado de activos y reforzando la corrupción en las estructuras locales.
Se estima que estas redes criminales generan entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ganancias ilícitas cada año a partir de estos delitos, lo que supone una amenaza tanto para la economía global como para la seguridad local y la conservación de la flora y fauna. La expansión de la minería ilegal ha desencadenado devastadoras deforestaciones y el desplazamiento de comunidades y especies locales, contribuyendo significativamente a la pérdida de biodiversidad.
En respuesta a esta difícil situación, la UNODC está implementando estrategias para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de investigar delitos ambientales. Se busca asegurar que las evidencias recolectadas sean robustas y correctamente preservadas para su uso en procesos judiciales. Fernández enfatiza la complejidad del marco legal y los obstáculos que enfrentan los investigadores, quienes tienen que lidiar con la corrupción y una crónica falta de recursos.
A nivel local, se están llevando a cabo iniciativas como talleres dirigidos a guardaparques y oficiales de policía para enseñarles técnicas adecuadas de investigación. Xavier Chango, subdirector de la Policía Científica en Ecuador, resalta la relevancia de estas capacitaciones, que permiten a los primeros respondientes garantizar la integridad de las escenas del crimen y evitar la destrucción de pruebas cruciales.
La labor de conservación se extiende también a nivel comunitario. Biólogos como Ximena Ceballos están en la línea del frente del rescate de especies amenazadas y organizan charlas de concienciación sobre el tráfico de vida silvestre. En 2023, Ceballos logró rescatar a 75 animales, incluidas serpientes, loros y tortugas, evidenciando la urgencia de actuar en un entorno cada vez más amenazante.
Sin embargo, combatir la pérdida de biodiversidad implica, como apunta Ivonne Higuero, secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, cerrar una brecha financiera que demanda miles de millones de dólares anuales. A medida que se fortalecen los mecanismos de conservación, es esencial destinar mayores recursos a estos esfuerzos para garantizar la supervivencia de la flora y fauna que son la base de nuestros ecosistemas y, en última instancia, de nuestras vidas.
