La reciente propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha suscitado alarma entre los defensores del acceso público a los medios. Mientras muchos centran su atención en las críticas del expresidente Donald Trump hacia la radiodifusión pública, un cambio más sutil en las políticas está tomando forma: la posible transición a un nuevo estándar para la televisión digital que podría limitar el acceso de los ciudadanos a las ondas públicas que les pertenecen.
La FCC está considerando el estándar ATSC 3.0, que incorpora sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) en los equipos de televisión. Impulsado por la Asociación Nacional de Radiodifusores, este cambio busca privatizar las ondas públicas al permitir que los contenidos emitidos por aire sean cifrados. Esto implicaría que los televidentes solo podrían acceder a ciertos programas si adquieren televisores nuevos con las llaves de DRM integradas.
Esta transición representa un costo adicional para los televidentes, quienes deberían tener acceso a un recurso que ya forma parte del dominio público. Aunque muchos estadounidenses han optado por plataformas de transmisión en línea, millones, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, aún dependen de la televisión por aire para informarse y entretenerse. Históricamente, las emisoras han recibido licencias valiosas a cambio de ofrecer su programación de forma gratuita a todos los que se encuentran en su área de cobertura.
La introducción de DRM en las transmisiones aéreas podría poner en jaque este sistema, transformando el acceso a la programación de un servicio universal a uno controlado por entidades privadas que limitarán la tecnología y los dispositivos compatibles. Este cambio genera interrogantes sobre la innovación en el sector; un ejemplo es el mercado de los DVD, que no ha visto avances significativos por restricciones similares.
Además, el DRM se enfrenta a los principios del uso justo, que permiten acciones como grabar un programa para verlo más tarde. Las restricciones impuestas por el DRM complican estas actividades, y podrían dar lugar a sanciones por eludir el sistema, limitando así la capacidad de los usuarios para utilizar los contenidos de la manera que deseen.
Pese a los argumentos de los radiodifusores sobre el desarrollo de características interactivas que beneficien al público, la falta de interés en la adopción voluntaria de estas innovaciones sugiere que no son realmente beneficiosas para la población. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han solicitado a la FCC que rechace esta propuesta, defendiendo el acceso libre y sin restricciones a las ondas públicas y subrayando la urgencia de priorizar los intereses de millones de ciudadanos frente a los de unos pocos conglomerados mediáticos.
