El Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus acciones represivas contra el sector universitario, en un intento por sofocar la disidencia y restringir la libertad de expresión, de acuerdo con un reciente informe elaborado por un grupo de expertos de las Naciones Unidas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha revelado que estudiantes, docentes y personal académico están siendo objeto de graves violaciones de derechos humanos, que afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la educación, la libertad académica y la expresión.
El exhaustivo informe de 96 páginas detalla que las autoridades nicaragüenses están utilizando tácticas de violencia tanto física como psicológica, que incluyen amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y aislamiento prolongado, prácticas que podrían llegar a constituir tortura. Estas acciones parecen dirigirse principalmente contra individuos que han participado en protestas desde el año 2018 o que han expresado críticas hacia el Gobierno.
Un elemento inquietante del informe es la evidencia de coordinación entre los poderes del Estado—ejecutivo, legislativo y judicial—para perpetrar estas violaciones. Según el presidente del Grupo de Expertos, estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para eliminar la autonomía universitaria y convertir estas instituciones en instrumentos de control político. “La comunidad académica merece espacios seguros y libres para expresar ideas y contribuir al desarrollo social del país. Estos derechos deben ser restaurados urgentemente”, declaró Jan Simon.
El documento también resalta el cierre de varias universidades donde existían movimientos sociales o de oposición, y menciona la expulsión de estudiantes y docentes críticos con el régimen. En las universidades que aún están operativas, se han impuesto medidas de control político que restringen severamente la libertad académica y limitan el acceso a la educación para aquellos percibidos como opositores. Según los expertos, esta situación ha resultado en la inexistencia de instituciones universitarias independientes en el país.
Ante esta preocupante situación, el Grupo de Expertos ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el Gobierno nicaragüense para que restablezca la autonomía universitaria y garantice la seguridad y la libertad de expresión dentro del ámbito académico. Se subraya la urgencia de una acción coordinada para proteger la integridad de todos los miembros del sector universitario en Nicaragua en este contexto de creciente represión.
