Más de diez años después de los intentos fallidos del Congreso de Estados Unidos por aprobar legislaciones como SOPA y PIPA, un nuevo grupo de legisladores se prepara para revivir estas controvertidas iniciativas. El “Foreign Anti-Digital Piracy Act” (FADPA) es el principal proyecto que busca otorgar a los titulares de derechos de autor la capacidad de solicitar órdenes judiciales para que proveedores de servicios de Internet (ISP) y de nombres de dominio (DNS) bloqueen sitios web completos, lo que despierta preocupaciones sobre la creación de un «interruptor de apagado» para Internet.
La propuesta ha sido recibida con un fuerte rechazo, ya que muchos consideran que representa una amenaza directa a un Internet libre y abierto. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han expresado su oposición, recordando que históricamente los estadounidenses han mostrado una fuerte aversión hacia la censura gubernamental en línea. A pesar de que el enfoque de estas leyes es combatir lo que se clasifica como «piratería», la posibilidad de abuso es alta, dado que en muchos casos las decisiones se tomarían sin permitir la defensa de los afectados.
Analistas advierten que el bloqueo de sitios web es una estrategia ineficaz que ocasionalmente genera daños colaterales considerables. Muchos sitios web actuales están alojados en plataformas en la nube y comparten direcciones IP, lo que significa que el cierre de un solo dominio puede impactar a miles de otros de forma inesperada. Además, los usuarios pueden eludir estos bloqueos utilizando VPNs o modificando la configuración de DNS, herramientas que han ganado relevancia en entornos donde la libertad de expresión está suprimida.
La EFF y otros defensores de derechos digitales están llamando a la población a unirse en la lucha contra estas propuestas legislativas, insistiendo en que combatir la piratería no debería comprometer los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Estos expertos clasifican las leyes de bloqueo como innecesarias e ineficaces, subrayando que el próspero contexto actual del entretenimiento no justifica la implementación de nuevas medidas censuradoras.
Con el FADPA en proceso de evaluación y nuevas propuestas a la vista, la pregunta ahora es si los legisladores recordarán las lecciones del pasado y responderán a las críticas que surgieron tras anteriores intentos de controlar el acceso a la información en línea. La opinión pública se torna esencial en la defensa de un Internet abierto y sin censura.
