La inteligencia artificial se ha convertido en el pilar central de las discusiones en la reciente conferencia anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), que tuvo lugar en Boston del 19 al 22 de octubre. Este evento atrajo a miles de profesionales del ámbito policial, junto a empresas ansiosas por ofrecer sus últimas innovaciones en armamento, tecnología y equipo especializado.
A lo largo de cuatro días, el epicentro de la atención fue el piso de exhibición comercial, donde centenares de proveedores de tecnología policial competían por captar la atención de nuevos clientes y retener a los ya existentes. Entre los participantes, se destacaron gigantes del sector de servicios y tecnología, como Amazon Web Services y Verizon. La jornada ofreció también momentos lúdicos con un concierto privado de ZZ Top y un despliegue de obsequios que incluían desde peluches hasta cerveza.
Sin embargo, lo que podría parecer una muestra inofensiva de tecnología y entretenimiento, encubre una preocupación creciente: el incremento de herramientas de vigilancia y recolección de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad. Con la expansión de tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial y el uso de drones, las tensiones sobre la privacidad y el control comunitario aumentan. Preocupaciones en torno a potenciales violaciones de privacidad y sesgos en las tecnologías utilizadas generan alarma entre organizaciones defensoras de los derechos civiles.
El sector empresarial busca consolidar su influencia promoviendo la adopción de tecnologías de vigilancia en cuerpos de policía de diverso tamaño. Paneles y presentaciones subrayaron la necesidad de interoperabilidad y colaboración interagencial, encaminadas a potenciar la recopilación de datos mediante redes interconectadas.
El actual vacío legislativo en cuanto a privacidad de datos a nivel federal potencia la capacidad de cuerpos policiales y sus proveedores de operar con mínimas restricciones legales. Crece el clamor por establecer marcos regulatorios estrictos que protejan la información personal de los ciudadanos y regulen el uso de tecnologías de vigilancia, con el objetivo de proteger la privacidad en un entorno cada vez más digital.
