Un nuevo estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado este lunes, revela la alarmante interconexión entre la delincuencia forestal y otras actividades ilegales, como la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de drogas. Esta relación no solo exacerba el daño ambiental, sino que también tiene un impacto negativo en las comunidades y en la economía en general.
El informe titulado «Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging» forma parte del análisis global de delitos que afectan al medio ambiente de la UNODC. Ofrece una visión integral sobre el fenómeno de los delitos forestales, centrándose en la dinámica del mercado y en los actores criminales que impulsan la deforestación y la tala ilegales. Según Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la UNODC, los delincuentes implicados en delitos forestales suelen estar involucrados en otras actividades ilícitas, que van desde el tráfico de drogas hasta la explotación minera ilegal.
Además, el estudio destaca cómo los grupos de delincuencia organizada utilizan los delitos forestales como una vía para aumentar sus beneficios y su control territorial. En América del Sur, por ejemplo, estos grupos blanquean los ingresos del narcotráfico a través de actividades relacionadas con la tierra, la agricultura y la ganadería. En otras regiones, como la cuenca del Congo y Somalia, existen grupos que participan en la venta del carbón vegetal proveniente de la tala ilegal con fines políticos.
Los delitos forestales, por otro lado, se han infiltrado en los procesos legales y las cadenas de suministro, lo que dificulta su represión efectiva. La madera talada de forma ilegal a menudo termina en mercados legales mediante el uso de permisos fraudulentos y sobornos, en ocasiones facilitados por la corrupción de funcionarios y la complicidad de empresas. Recientemente, un funcionario de América Latina advirtió que algunas empresas de construcción han creado infraestructuras que fomentan la tala ilegal.
El estudio pone de manifiesto la urgencia de adoptar un enfoque coordinado, de establecer regulaciones más estrictas y de aplicar la ley de forma rigurosa para combatir estas amenazas interconectadas que ponen en riesgo la biodiversidad, la economía y la seguridad global. Aunque se han logrado algunos éxitos en la regulación de los delitos forestales, también han surgido consecuencias inesperadas, como la reubicación de actividades ilegales a otras regiones o el cambio hacia otros tipos de árboles.
En este contexto, es crucial que los marcos políticos se adapten a la evolución de las estrategias ilegales y se evalúen sistemáticamente para cerrar las brechas normativas que facilitan estas prácticas perjudiciales. La lucha contra la deforestación y la tala ilegales es fundamental para garantizar la protección y gestión sostenible de los bosques.
