La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán ha expresado su firme condena ante la reciente masacre que dejó más de 300 muertos en campamentos de desplazados en la provincia de Darfur. Este trágico suceso ocurrió durante el pasado fin de semana y marca un nuevo capítulo en el conflicto que ha devastado al país, coincidiendo con el inicio del tercer año de hostilidades, generando una crisis humanitaria sin precedentes.
Mohamed Chande Othman, presidente de la misión, subrayó la crítica situación que atraviesan los ciudadanos sudaneses, resaltando la necesidad de reflexionar sobre las vidas que han sido irremediablemente alteradas debido a la violencia. Othman advirtió que “los capítulos más oscuros de este conflicto aún no se han escrito”, sugiriendo que la escalada del conflicto podría intensificarse aún más, llevando a un aumento de la violencia.
Desde que iniciaron los enfrentamientos el 15 de abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, se reportan miles de vidas perdidas. Los informes extraoficiales apuntan a que cientos de civiles han sido asesinados, violados y desplazados, y el acceso a bienes esenciales como alimentos y agua ha sido severamente restringido. La destrucción de casas, hospitales y mercados ha dejado un profundo dolor en la población, elevando la crisis humanitaria a niveles alarmantes.
El ataque reciente, que tuvo lugar el 11 de abril, desató su furia sobre los campamentos de Zamzam y Abu Shouk, así como sobre la ciudad de El Fasher. Entre el número de fallecidos se encuentran nueve trabajadores médicos de la ONG Relief International, evidenciando el grave riesgo que afrontan quienes intentan ofrecer asistencia en esta región en estado crítico.
Zamzam, uno de los campamentos más grandes de la región, alberga aproximadamente a 750.000 personas, muchas de ellas niños. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, la hambruna en este campamento ha sido una constante desde agosto de 2024, y el acceso a ayuda humanitaria ha sido casi inexistente. Actualmente, más de 24 millones de personas en Sudán están atravesando inseguridad alimentaria aguda, y más de 12 millones han sido desplazadas, con 3,5 millones huyendo a países vecinos.
Joy Ngozi Ezeilo, miembro de la misión, manifestó su preocupación por el impacto devastador que este conflicto está teniendo en mujeres, niños y familias enteras. Ezeilo enfatizó la necesidad de un llamado urgente para asegurar la rendición de cuentas y brindar apoyo psicosocial a las víctimas afectadas por la violencia desmedida.
La misión también está indagando sobre ataques de represalia atribuidos a las Fuerzas Armadas Sudanesas en áreas que han recuperado, los cuales han incluido detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de supuestos aliados de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Se han reportado arrestos masivos y desapariciones en algunos barrios de Jartum, la capital del país.
Frente a esta alarmante situación, la misión hizo un llamado a más de 20 países que tienen influencia sobre los involucrados en el conflicto, pidiendo la implementación de medidas urgentes para proteger a la población civil y asegurar el respeto al derecho internacional humanitario. Estos países se reunirán en Londres para abordar la crisis humanitaria en Sudán. En este contexto, la misión destacó que los ataques dirigidos contra civiles y personal médico deben considerarse crímenes internacionales y subrayó que los Estados tienen la responsabilidad de no alimentar la violencia mediante el suministro de armas o financiación que puedan facilitar violaciones de derechos humanos.
