En enero, la Electronic Frontier Foundation (EFF) instó a los fiscales generales de varios estados de Estados Unidos, incluyendo Florida, Texas, Arkansas y Missouri, a investigar posibles violaciones de la privacidad en los centros de embarazo de crisis (CPC). Estas instalaciones, que a menudo utilizan prácticas engañosas, han comenzado a realizar cambios en sus sitios web, eliminando términos y afirmaciones que podrían considerarse engañosos respecto a la privacidad de la información que manejan.
La legislatura de Hawái está contemplando la posibilidad de un proyecto de ley que instruiría al fiscal general del estado a investigar la situación de estos centros. Por su parte, legisladores en Georgia también han discutido un conjunto de propuestas de ley para abordar estas prácticas engañosas que han suscitado preocupación en la población.
No obstante, la EFF ha ampliado su solicitud a otros estados, como Tennessee, Oklahoma, Nebraska y Carolina del Norte, para que sus fiscales generales tomen medidas similares. La organización ha señalado que muchos de estos CPC han operado durante años utilizando promesas que no se cumplen, como la insinuación de que los datos personales de salud de sus clientes están protegidos bajo las disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA). Sin embargo, varias investigaciones indican que estos centros pueden estar violando la privacidad de los usuarios, ya que no siempre se adhieren a sus propias políticas de privacidad y, en ocasiones, comparten información personal sin el consentimiento apropiado.
Un caso en Luisiana ilustra esta preocupación, donde un CPC expuso accidentalmente información personal de varios clientes en un video de capacitación de software, evidenciando una grave falta de respeto hacia la privacidad de los afectados. La EFF ha documentado numerosos ejemplos en diversos estados donde los CPC afirman cumplir con HIPAA, pero que en la práctica parecen poner en riesgo la privacidad de sus usuarios.
Este panorama revela una alarmante falta de protecciones para la privacidad del usuario, especialmente en lo que respecta a datos médicos sensibles. Sin una ley federal integral que garantice derechos específicos sobre la privacidad y un mecanismo de acción privada, el papel de los fiscales generales estatales se vuelve crucial. Ellos deben actuar de manera proactiva para proteger a los ciudadanos de prácticas desleales y engañosas en este ámbito.
Ante esta situación, es un momento clave para que los líderes estatales y federales reconsideren la asignación de fondos públicos a los CPC. Los funcionarios electos tienen la responsabilidad de asegurar que la información personal, especialmente la relacionada con la salud, sea salvaguardada adecuadamente. La privacidad no debería ser un lujo al que se accede solo cuando se elige entre atención médica y protección de datos.
