El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado luz verde a cinco proyectos piloto pioneros en España con el objetivo de acelerar la innovación y la flexibilización del sistema eléctrico nacional. Esta medida forma parte de una convocatoria de acceso al banco de pruebas regulatorio, permitiendo establecer un entorno controlado para el desarrollo de propuestas que requieren exenciones de la normativa sectorial y que buscan fomentar la innovación regulatoria en el sector eléctrico.
Los proyectos aprobados son variados y abarcan diferentes áreas del ámbito energético. Entre ellos se encuentra el de «Soluciones de flexibilidad en redes de distribución (S2F)», presentado por una coalición de diez distribuidores y universidades, cuyo propósito es implementar mercados locales de flexibilidad. Otro proyecto relevante es el «Almacenamiento ciudadano», impulsado por EDP Clientes SA, que tiene como finalidad demostrar la viabilidad de gestionar de manera eficiente el almacenamiento de energía a nivel doméstico y la integración de excedentes en la red.
El proyecto «I-flex», de IGNIS Energía SA, se enfoca en crear incentivos para la flexibilización de la demanda, así como en el almacenamiento y la generación de energía renovable, además de eliminar barreras que dificultan la participación en los mercados de balance. Por su parte, «Flexability», que involucra una amplia agrupación de empresas y profesionales del sector, trabajará en la definición del modelo de negocio del agregador independiente en los nuevos mercados de energía y flexibilidad.
Adicionalmente, el proyecto «Energía del Prat» se orienta hacia el almacenamiento compartido distribuido, en el que se implementarán recursos energéticos locales gestionados por una comunidad energética. En total, estos proyectos cuentan, de manera provisional, con ayudas que ascienden a 10 millones de euros, cuya finalidad es impulsar nuevos modelos de negocio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La implementación de estos proyectos se desarrollará en diversas localidades de toda España, impactando comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña, entre otras. La duración máxima de participación en el banco de pruebas será de dos años. Esta iniciativa se considera un avance significativo en la adaptación del sistema eléctrico español a las nuevas exigencias del sector y busca establecer un modelo energético más sostenible y flexible.
