El conflicto en el este de la República Democrática del Congo ha cobrado un nuevo impulso desde enero de este año, provocando el desplazamiento de cientos de miles de personas y agudizando una crisis humanitaria ya alarmante. Esta situación fue puesta de manifiesto por Bintou Keita, representante especial de la ONU para el país, durante un informe presentado ante el Consejo de Seguridad, donde llamó la atención sobre el preocupante avance de grupos armados como la Alianza Río Congo (AFC) y el Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuentan con el apoyo del gobierno de Rwanda.
Keita subrayó que la expansión de estos grupos ha deteriorado significativamente la seguridad en la región, obligando a muchos ciudadanos a huir de sus hogares. En este contexto, instó al Consejo de Seguridad a redoblar esfuerzos para lograr un alto el fuego incondicional, resaltando la urgencia de que todas las partes involucradas cesen las hostilidades y busquen vías de solución pacífica.
La representante de la ONU también recordó que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) está comprometida con las iniciativas regionales para la paz y se ha mostrado dispuesta a utilizar sus capacidades para implementar dicho alto el fuego. A pesar de los intentos de mediación de la Unión Africana y otras organizaciones para pacificar la región, la situación sigue sin resolverse.
Además, Keita agradeció al presidente angoleño, João Lourenço, por su continuo esfuerzo por facilitar el diálogo entre la República Democrática del Congo y Rwanda, y solicitó la pronta designación de un mediador de la Unión Africana que pueda coordinar los esfuerzos de mediación bajo las directrices acordadas en cumbres anteriores.
El avance de los grupos armados ha trascendido desde las provincias de Kivu del Norte y del Sur hacia otras áreas, incluyendo Tshopo y Maniema, donde han establecido estructuras administrativas paralelas que complican aún más un entorno ya frágil. El grupo armado conocido como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) ha aprovechado el vacío de seguridad para perpetrar ataques, lo que ha resultado en un elevado número de civiles muertos.
Asimismo, la explotación ilegal de los recursos naturales en la región se ha vinculado con el conflicto, mostrando cómo la violencia impacta tanto en la economía local como en la vida diaria de la población. A pesar de que la MONUSCO sigue realizando esfuerzos para proteger a los civiles, enfrenta limitaciones en su movimiento en áreas controladas por el M23.
La situación también ha tenido repercusiones en las discusiones sobre la retirada de la MONUSCO, que ya se ha retirado de Kivu del Sur en junio de 2024 y ahora planea hacer lo mismo en Kivu del Norte e Ituri. Sin embargo, las actuales condiciones han complicado esta transición.
Desde el aspecto humanitario, la crisis se torna más crítica. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han informado que 28 millones de personas en la República Democrática del Congo sufren de hambre aguda, un incremento alarmante en el número de afectados por la inseguridad alimentaria desde que se intensificó la violencia. De estos, aproximadamente 3,9 millones se encuentran en niveles de emergencia, planteando un desafío inminente para la comunidad internacional.
