La transparencia gubernamental se ha convertido en un tema candente en Estados Unidos, un país donde el derecho de acceso a la información pública enfrenta constantes desafíos, independientemente del partido político en el poder. En Maryland, un nuevo proyecto de ley impulsado por los demócratas permitiría a las agencias gubernamentales rechazar solicitudes de información si estas son consideradas «hostigadoras». En paralelo, bajo la administración del expresidente Donald Trump, se han llevado a cabo reformas significativas que han limitado el acceso a datos públicos, como la exclusión del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Ley de Libertad de Información.
Con el objetivo de combatir la mala gestión y la opacidad, cada año, durante la Semana de la Luz Solar, diversas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, MuckRock y AAN Publishers publican un informe conocido como «The Foilies». En su décima edición, este informe pone de relieve las reacciones más absurdas y lamentables ante las solicitudes de registros públicos. A pesar de las dificultades, algunos defensores de la transparencia han logrado victorias notables, como el reciente caso del Departamento de Policía de Los Ángeles, que tuvo que compensar con 300,000 dólares a defensores de derechos y a un periodista tras perder un juicio relacionado con la divulgación de fotografías de agentes.
Entre los ejemplos más destacados de este año, el Distrito Escolar de Rapides Parish intentó imponer un cargo de 2 millones de dólares por procesar una solicitud de información básica. Sin embargo, tras las críticas, el distrito se vio obligado a renunciar a estos cargos y proporcionó un escueto informe de solo nueve páginas. Otros casos llamativos incluyeron a la Policía Estatal de Massachusetts, que solicitó 176,431 dólares por revisar documentos sobre la deserción de reclutas, y el fiscal de distrito de Jefferson Parish, que demandó más de 5,000 dólares a un padre por registros relacionados con la muerte de su hijo.
La Universidad de Wisconsin-Madison también se vio en el centro de controversia, ya que un periodista enfrentó múltiples negativas para acceder a un contrato entre la institución y una firma consultora de deportes, lo que resultó en confusiones legales sobre la titularidad del documento. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) recibió el «Fudged Up Beyond All Recognition Award» por redactar una receta de fudge compartida por un exdirector, argumentando que esta información era confidencial.
Adicionalmente, el gobierno de Virginia fue criticado por denegar solicitudes de registros internos sobre un programa educativo destinado a sobrevivientes militares, invocando interpretaciones extensas de excepciones a la FOIA. En el ámbito judicial, los tribunales de California y Nevada también fueron objeto de críticas por decisiones que dificultan el acceso público a audiencias en casos de registros. Por último, la NSA obtuvo el «No Tech Support Award» por su incapacidad para localizar una grabación histórica debido a fallos técnicos.
Estos incidentes resaltan no solo la lucha por la transparencia, sino también la importancia de que ciudadanos y medios sigan defendiendo su derecho a acceder a la información pública.
