La deportación de un número significativo de nacionales de terceros países desde Estados Unidos ha levantado serias inquietudes en materia de derechos humanos. Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha advertido que estas acciones afectan derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación estadounidense como en el derecho internacional. Entre estas garantías se incluyen las procesales, la protección contra la detención arbitraria y el derecho a un recurso efectivo.
Datos oficiales revelan que, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, se deportaron a 142.000 personas, entre las cuales se encuentran al menos 245 venezolanos y alrededor de 30 salvadoreños, cuyo paradero sigue siendo incierto. Muchos han sido enviados a El Salvador, acusados de ser supuestos miembros de grupos criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que ha generado un clima de preocupación.
Los detenidos, que están recluidos en condiciones extremadamente duras, enfrentan una serie de violaciones a sus derechos. Sin acceso a representación legal ni comunicación con sus familiares, su situación se agrava. Türk ha expresado su inquietud por las circunstancias en las que se realizaron estas detenciones, que incluyen el uso de grilletes y una retórica degradante hacia los migrantes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recopilado información de familiares y abogados sobre más de 100 venezolanos en el mencionado centro de detención. Muchos de estos individuos no fueron informados adecuadamente sobre su deportación a un tercer país y carecieron de la posibilidad de impugnar legalmente su situación antes de ser expulsados.
Las familias de los deportados han manifestado una profunda angustia y desesperación por la incertidumbre en la que se encuentran sus seres queridos. En muchos casos, solo lograron conocer su situación al reconocerlos en vídeos difundidos en redes sociales. Esta falta de comunicación ha llevado a un sentimiento generalizado de impotencia, ya que muchos consideran que sus familiares han sido estigmatizados y tratados como delincuentes sin un juicio previo.
Türk ha subrayado la importancia del poder judicial y de la sociedad civil en Estados Unidos para la protección de los derechos humanos. Ha instado a las autoridades estadounidenses a adoptar medidas urgentes que garanticen el debido proceso y a detener las deportaciones hacia países donde los individuos podrían enfrentar tortura o daños irreparables.
