La implementación de leyes de verificación de edad está generando una creciente controversia en el ámbito de la privacidad digital y los derechos civiles. Estas regulaciones, que inicialmente fueron concebidas para proteger a los menores de contenido inapropiado en internet, se han transformado en un enfoque que amenaza seriamente la privacidad de todos los usuarios. Bajo la fachada de seguridad infantil, se oculta un sistema que recopila una cantidad considerable de datos personales, independientemente de la edad del usuario.
Recientemente, diversas iniciativas legislativas han surgido en varios estados de EE. UU., como California y Nueva York, que exigen la verificación de edad para acceder a productos y servicios que antes eran considerados de uso cotidiano. Por ejemplo, la propuesta AB-728 en California exige que las personas que en su mayoría compran cosméticos que contienen ciertos químicos presenten información personal sensible a través de un sistema de verificación de edad. A pesar de las intenciones declaradas de proteger la salud de los menores, este tipo de regulaciones presentan un riesgo considerable al abrir la puerta a esquemas de vigilancia que comprometen la privacidad de todos.
Por otro lado, la propuesta A3323 en Nueva York establece que los servicios de citas en línea deben verificar la edad, identidad y ubicación de los usuarios, lo que implica la entrega de identificaciones emitidas por el gobierno y datos geográficos. Esta situación plantea inquietudes sobre el posible uso indebido de información sensible, aumentando el riesgo de robos de identidad y otras formas de explotación.
La situación se complica aún más con proyectos como el SB 5622 en Washington, que limita la venta de productos dietéticos a menores de 18 años pero también exige la recopilación de datos personales de todos los usuarios, exponiéndolos así a los mismos riesgos. Esta tendencia a implementar verificaciones de edad parece enmarcarse dentro de una estrategia para institucionalizar un sistema de vigilancia más amplio bajo el pretexto de protección infantil.
Es fundamental subrayar que no existen métodos de verificación de edad que sean completamente seguros y que protejan la privacidad. Cada uno de ellos conlleva riesgos inherentes; al exigir información de identificación personal, como números de identificación gubernamentales o datos biométricos, se incrementa la posibilidad de que dicha información sea mal utilizada o comprometida en ataques cibernéticos.
Los defensores de la privacidad digital advierten sobre la necesidad urgente de oponerse a estas leyes, ya que, a pesar de su objetivo de proteger a los jóvenes, amenazan gravemente derechos esenciales como la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en línea para todos. En lugar de fomentar la expansión de sistemas de vigilancia, resulta crucial que los legisladores consideren alternativas menos invasivas que logren proteger a todos los usuarios sin comprometer sus derechos fundamentales.
En un mundo digital en constante evolución, es vital abogar por políticas que respeten la privacidad y fomenten un entorno seguro y accesible para todos los ciudadanos.
