La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), ha lanzado un informe que subraya la necesidad de reconocer las diferencias biológicas y las desigualdades de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Este trabajo aboga por una identificación más precisa de las distintas exposiciones a riesgos que enfrentan mujeres y hombres, un factor frecuentemente desestimado en los modelos de gestión actuales.
El estudio destaca que la medicina y las políticas de seguridad ocupacional han estado predominantemente diseñadas bajo un enfoque masculino, lo que ha llevado a una subestimación de los riesgos que enfrentan las trabajadoras. Este enfoque androcéntrico no solo minimiza las particularidades de las mujeres, sino que también tiende a priorizar sectores tradicionalmente masculinos, dejando desprotegidas las áreas con alta presencia femenina, como el cuidado y el trabajo doméstico.
Una de las principales preocupaciones del informe es la falta de inversión en medidas de protección adecuadas para mujeres, lo que incrementa su vulnerabilidad. Por ejemplo, se señala la escasez de equipos de protección personal diseñados para adaptarse a la anatomía femenina. Además, el documento advierte sobre la ausencia de enfoques de género en los marcos normativos existentes, generando un conocimiento sesgado que no considera las diferencias de sexo ni las desigualdades de género en la formación académica.
Entre los datos alarmantes, el informe menciona que aunque el 86% de las muertes por cardiopatías isquémicas relacionadas con largas jornadas laborales ocurren en hombres, las mujeres enfrentan un riesgo elevado de ansiedad y depresión en sectores como la salud y la educación, donde la carga laboral puede ser abrumadora. También se critica la lentitud en diagnósticos y tratamientos para mujeres, a menudo atribuida a prejuicios de género, lo que puede tener repercusiones serias en su salud.
La OIT ha emitido varias recomendaciones para combatir estas desigualdades, que incluyen la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la seguridad laboral, así como la implementación de formaciones en igualdad destinadas a empleadores y trabajadores. También se propone establecer protocolos para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo, ofrecer protección a trabajadoras embarazadas y fomentar un entorno laboral seguro que facilite la conciliación entre la vida laboral y personal, promoviendo horarios flexibles y opciones de teletrabajo.
El informe concluye con un llamado a la revisión periódica de las políticas nacionales para asegurar que se adapten mejor a las necesidades de las trabajadoras, enfatizando que las iniciativas deben ser inclusivas y responder a las realidades y desafíos que enfrentan en el actual entorno laboral.
