El año 2024 se ha situado como un periodo significativo, caracterizado por la realización de elecciones en países que representan casi la mitad de la población mundial, conflictos armados y la disolución de varios gobiernos. En medio de estos cambios acelerados, el derecho a la libertad de expresión ha enfrentado numerosos retos, evidenciados por un incremento notable en las restricciones a este derecho fundamental.
Uno de los aspectos más preocupantes de este año ha sido el aumento de los apagones de internet. Durante 2024, al menos 64 países llevaron a cabo elecciones, y se ha documentado que en siete de estas naciones, incluyendo Comoros, Azerbaiyán, Pakistán e India, se limitaron los accesos a internet durante los períodos electorales. Estas interrupciones no solo obstaculizan la difusión de información sobre los acontecimientos en el terreno, sino que también afectan el acceso a servicios esenciales, repercutiendo gravemente en sectores como el comercio y la comunicación.
Además, la represión de la libertad de expresión se ha hecho más evidente en situaciones de conflicto. En países como Sudán, se ha impuesto un apagón total de las comunicaciones en medio de episodios de violencia, mientras que en Irán se restringió el acceso a redes sociales durante las protestas. La situación en Gaza también ha sido crítica, con frecuentes cortes de internet por parte de las autoridades israelíes, limitando la capacidad de los ciudadanos para informarse y comunicarse.
Las plataformas de redes sociales han tenido un rol controversial en este contexto, especialmente en el caso de Palestina, donde se han reportado actos de moderación de contenido considerados injustos. Las medidas adoptadas por empresas como Meta frente a las presiones del gobierno israelí contrastan con su discurso de defensa de la libertad de expresión.
Otro fenómeno que preocupa es la implementación de nuevas leyes que restringen el acceso a internet basado en la edad, impactando de forma particular a comunidades vulnerables como la LGBTQ+. En diversos países, se han propuesto legislaciones que exigen verificación de identidad, limitando la capacidad de los jóvenes para expresarse libremente en línea. Un ejemplo de ello es un proyecto de ley en Canadá, que aunque pretende proteger a los menores de contenido sexualmente explícito, podría afectar gravemente su autonomía digital.
Al mismo tiempo, el cibercrimen ha emergido como una preocupación creciente, con normativas que amenazan la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir delitos en línea. En naciones como Jordania, se han utilizado leyes de cibercrimen para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos, revelando cómo la lucha contra la desinformación puede convertirse en una excusa para suprimir voces críticas.
Con el avance del año, expertos y activistas advierten que la defensa de la libertad de expresión en el ámbito digital se vuelve cada vez más crucial. La colaboración entre diversas organizaciones y coaliciones se considera fundamental para salvaguardar estos derechos esenciales y enfrentar la creciente represión que pone en peligro la libertad de información y comunicación a nivel global.
