En los últimos años, la vigilancia aérea ha adquirido una relevancia notable en el ámbito de la seguridad pública, generando un acalorado debate sobre la privacidad y los derechos civiles. Esta práctica, que tiene sus raíces en el uso de aeronaves tripuladas, ha avanzado significativamente con la introducción de drones, los cuales han revolucionado el modo en que las autoridades monitorean a la población. Los defensores de la privacidad advierten sobre los riesgos inherentes asociados al uso de estas tecnologías, que permiten a las fuerzas del orden observar a los ciudadanos desde el aire, lo que puede llevar a una intrusión indebida en la vida privada, incluso en espacios tradicionalmente considerados como protegidos, como son los patios traseros de las casas.
El creciente uso de drones por parte de la policía ha suscitado preocupaciones sobre la ausencia de regulaciones claras que limiten su utilización. A pesar de las promesas de instituciones como el Departamento de Policía de Nueva York, quienes aseguraron que no emplearían drones para vigilar áreas protegidas constitucionalmente, se han producido incidentes que contradicen tales garantías. Un caso destacado ocurrió durante el fin de semana del Día del Trabajo en 2023, cuando se reveló que drones fueron utilizados para espiar fiestas en patios traseros, lo que generó una ola de críticas.
Datos recopilados por diferentes cuerpos policiales, como el de Chula Vista en California, indican que los drones son utilizados en una variedad de situaciones, que abarcan desde altercados domésticos hasta evaluaciones de salud mental. Sin embargo, la divulgación de esta información al público sigue siendo limitada, a pesar de que varios fallos judiciales han determinado que estos registros no están exentos de la ley de acceso a la información pública.
Otra preocupación emergente es la posibilidad de que los drones sean armados. En 2022, la empresa Axon decidió detener el desarrollo de drones equipados con dispositivos de taser tras recibir fuertes críticas, pero no se descarta que nuevas propuestas para armarlos puedan surgir en el futuro. Esta tendencia de equipar drones con herramientas para el control de multitudes plantea serias interrogantes sobre el uso de la fuerza a través de estas tecnologías de vigilancia.
A medida que los drones se vuelven más accesibles y se integran con tecnologías avanzadas, su utilización se ha generalizado entre las agencias gubernamentales y las fuerzas del orden. Grupos defensores de los derechos digitales subrayan la importancia de garantizar que estos avances tecnológicos no vulneren los derechos constitucionales de privacidad de los ciudadanos, un aspecto que debe ser central en la discusión sobre el futuro de la vigilancia aérea.
