La reciente votación en el Parlamento Europeo sobre la simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) ha generado una intensa discusión en el ámbito legislativo, especialmente en torno a la exención del aluminio. Este mecanismo, cuyo inicio de aplicación está programado para enero de 2026, podría elevar los costes de producción de aluminio en Europa entre un 24% y un 31%. Tal escenario plantea serios riesgos para la competitividad del sector, a la vez que podría impulsar un incremento en las importaciones de aluminio desde países ajenos a la Unión Europea.
La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), que representa a más de 650 empresas del sector, ha manifestado su preocupación ante el posible impacto que este impuesto tendría en la industria. La AEA advierte que la implementación del CBAM podría acelerar la desindustrialización de la producción local, afectando no solo a las fundiciones, sino también a toda la cadena de valor del aluminio, lo que podría llevar a la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Frente a estos retos, la AEA ha urgido a los responsables políticos a establecer un diálogo directo e inmediato sobre esta cuestión. La revisión de la aplicación del CBAM se considera crítica, sobre todo tras la reciente votación que mostró un notable apoyo a la exención del aluminio, con 187 votos a favor de esta propuesta.
Este contexto resalta aún más la relevancia del aluminio, un material que la Unión Europea considera estratégico. La asociación trabaja en estrecha colaboración con instancias gubernamentales para poner de manifiesto el verdadero impacto que la aplicación del CBAM tendría en las empresas del sector, tanto a nivel europeo como español.
La AEA sigue comprometida con la defensa de los intereses de los sectores que representa, fomentando la calidad y sostenibilidad de la industria, así como gestionando diversos sellos de calidad para tratamientos de superficie del aluminio. La situación actual evidencia la urgencia de llevar a cabo un análisis exhaustivo y de mantener un diálogo abierto antes de la revisión prevista para octubre, poniendo de relieve la necesidad de proteger el futuro de esta crucial industria en Europa.
