CESIDA, la organización que coordina la respuesta social al VIH en España, junto con la Fundación Fernando Pombo, ha conseguido una sentencia histórica que prohíbe la discriminación basándose en el estado serológico de las personas que viven con el VIH. Este fallo marca un hito crucial en la lucha contra el estigma y la desigualdad que, a pesar de los avances en tratamientos y medidas de prevención, continúan afectando a estas personas en la sociedad moderna.
Julia del Amo, directora de la División de Control del VIH del Ministerio de Sanidad, enfatizó la relevancia de esta sentencia, considerándola un paso decisivo para la protección de los derechos de quienes viven con el virus. Del Amo señaló que esta resolución avanza en el marco del Pacto Social para la No Discriminación y la Igualdad de Trato relacionado con el VIH, subrayando la necesidad de abordar la discriminación desde un enfoque de derechos humanos.
La controversia comenzó cuando un individuo seropositivo notificó su condición a la Dirección General de Tráfico (DGT) durante un reconocimiento médico. Como resultado, su permiso de conducir fue renovado por solo cinco años en lugar de diez, a pesar de que su salud no comprometía su capacidad para conducir. Ante esta situación, el afectado permitió que CESIDA interpusiera un recurso administrativo, sustentándose en el artículo 29 de la Ley 15/2022, que faculta a entidades sociales a actuar en defensa de los derechos de quienes se encuentran en estas circunstancias.
El Tribunal Administrativo, tras revisar las evidencias y argumentos presentados por CESIDA, falló a favor de la organización, dictaminando que la decisión de la DGT era discriminatoria. Este fallo sienta un precedente legal en España sobre la legitimación de asociaciones que defienden los derechos humanos en el contexto del VIH.
Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo, subrayó que esta decisión representa un avance en el ámbito jurídico, ayudando a prevenir discriminaciones que, aunque no siempre son evidentes, todavía persisten. Por su parte, Oliver Marcos, secretario general de CESIDA, expresó que, aunque queda mucho por hacer, esta victoria constituye un sólido compromiso en la lucha contra la estigmatización de las personas que viven con VIH.
Además, este caso establece un precedente importante en el contexto de la Ley 15/2022, que reconoce la legitimidad de las asociaciones para combatir la discriminación en el ámbito del derecho público. Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de Alcalá, destacó que esta sentencia valida la legitimidad activa de las entidades sociales, lo cual puede impulsar otros casos similares en el futuro.
Finalmente, Umunyana Rugege, responsable de derechos humanos de ONUSIDA, subrayó la trascendencia de esta sentencia en la protección de los derechos de las personas con VIH, enfatizando que se trata de un paso fundamental para asegurar que no enfrenten un trato injusto debido a su estado serológico.
