En un escenario de creciente caos y violencia en Haití, un reciente informe de las Naciones Unidas ha expuesto una crisis de derechos humanos sin precedentes. Entre el 6 y el 11 de diciembre, la banda de Wharf Jérémie, activa en el distrito de Cité Soleil, ejecutó a más de 207 personas, en su mayoría ancianos, acusados de brujería y vinculados supuestamente a la enfermedad del hijo del líder del grupo.
La brutalidad de los asesinatos ha dejado perplejos a los organismos internacionales. Los informes indican que las víctimas, incluyendo 134 hombres y 73 mujeres, fueron perseguidas en sus hogares y lugares de culto, capturadas y llevadas a lo que la banda denominaba un «centro de entrenamiento», donde eran interrogadas antes de ser trasladadas a un lugar cercano para ser asesinadas con disparos o machetes. La banda también ha sido acusada de deshacerse de los cuerpos de manera escalofriante, incinerando las pruebas o desmembrando a las víctimas para arrojar los restos al mar.
María Isabel Salvador, la representante especial del Secretario General de la ONU en Haití, ha hecho un llamado urgente al gobierno haitiano para que realice una investigación exhaustiva sobre estos crímenes y tome medidas para procesar a los culpables. Además, ha subrayado la necesidad de crear una unidad judicial especializada que aborde de manera efectiva los delitos graves en el país.
La situación en Haití ha ido empeorando desde 2022, cuando la banda de Wharf Jérémie comenzó a enfrentarse a grupos rivales por el dominio de las rutas comerciales hacia el puerto principal de la capital. En lo que va del año, más de 5,350 asesinatos y 2,155 heridos han sido documentados, lo que refleja un estado de inseguridad alarmante y persistente.
No solo se han incrementado las violaciones de derechos humanos por parte de bandas criminales, sino que también se ha observado un aumento en las acciones violentas llevadas a cabo por grupos de vigilantes y civiles no organizados. El informe plantea incluso la inquietante posibilidad de que ciertos elementos de la Policía Nacional de Haití estén involucrados en estas violaciones, lo que complica aún más la frágil estabilidad del país y amenaza con un desbordamiento de la violencia que podría tener consecuencias devastadoras para su población.
