En el marco del Día Europeo de la Salud Sexual, la práctica del stealthing ha cobrado una relevancia significativa en el debate social y legal. Este término se refiere a la acción de retirar el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona, lo cual vulnera el acuerdo inicial entre las partes. En España, esta conducta ha sido tipificada como agresión sexual, y las recientes sentencias del Tribunal Supremo han marcado un precedente crucial en la defensa de la autonomía y libertad sexual de las víctimas.
Un caso emblemático en 2017, que tuvo lugar en Sevilla, fue pionero en la jurisprudencia española. Una mujer denunció a su pareja por haber retirado el preservativo sin su consentimiento, a pesar de que había exigido su uso explícitamente. El agresor no solo cometió un abuso sexual, sino que también transmitió una infección de transmisión sexual (ITS) a la víctima. Ante esto, el Tribunal condenó al agresor a tres años de prisión por abuso sexual y otros seis meses por lesiones, sentando las bases para que el stealthing fuese reconocido oficialmente como un delito que atenta contra la libertad sexual y el consentimiento.
En 2023, el Tribunal Supremo reafirmó esta interpretación, dictaminando que el stealthing se configura como agresión sexual al alterar de forma significativa las condiciones bajo las cuales se dio el consentimiento. Según Oriol Martínez Sanromà, profesor de Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya, esta práctica no solo representa una agresión física sino que también constituye una violación de la autonomía sexual y personal de la víctima.
El debate sobre el stealthing ha estado presente en diversas plataformas académicas y jurídicas, y con la sentencia de 2023 se ha consolidado la idea de que la retirada del preservativo sin consentimiento excede el acuerdo inicial y transforma la relación sexual en una agresión. Entre los aspectos críticos de esta decisión se encuentra la diferenciación entre «consentimiento fuerte» y «consentimiento débil». Mientras que el consentimiento débil implica una aceptación pasiva de la relación, el fuerte requiere un conocimiento pleno de sus condiciones. Por lo tanto, engañar sobre el uso del preservativo cambia la naturaleza del consentimiento, convirtiéndolo en un acto de agresión según la legislación española.
Sin embargo, la prueba de estos delitos sigue siendo un desafío. Generalmente, el testimonio de la víctima es el elemento probatorio más relevante, y según los criterios del Tribunal Supremo, si la declaración de la víctima se mantiene coherente y persistente, puede ser suficiente para una condena.
Además de las implicaciones legales, el impacto psicológico del stealthing en las víctimas es extendido. Un estudio realizado por la Universidad de Northumbria reveló que muchas personas afectadas por esta práctica experimentan ansiedad, depresión y estrés postraumático. El engaño sobre el uso de preservativos provoca en las víctimas una sensación de vulnerabilidad, afectando así su bienestar emocional y físico.
En el ámbito internacional, el reconocimiento del stealthing como delito varía. Suiza fue el primer país en condenar esta práctica en 2017, seguido por Suecia y Dinamarca, mientras que en Estados Unidos, California tipificó el stealthing como delito civil en 2021. En el Reino Unido, un caso judicial relevante también sentó un precedente sobre la anulación del consentimiento original en tales situaciones.
En España, aunque no hay una regulación específica sobre el stealthing en el Código Penal, la reforma legal y la jurisprudencia existente han reforzado la noción de que esta práctica se presupone como una agresión sexual directa. Algunos expertos sugieren que sería conveniente establecer una ley específica, mientras que otros argumentan que la normativa vigente ya aborda adecuadamente este tipo de delitos.
Este Día Europeo de la Salud Sexual invita a la reflexión sobre los avances logrados en la lucha por los derechos sexuales y la libertad individual. A pesar de los progresos en el reconocimiento del stealthing como un delito sexual en la legislación, los expertos subrayan la urgente necesidad de concienciación social y educación sexual para prevenir estas actitudes. Iniciativas de instituciones académicas y organizaciones como Afanion y la Fundación Aladina buscan promover la sensibilización en torno al consentimiento y ofrecer apoyo a las víctimas de violencia sexual. A medida que se desarrolla el diálogo sobre el stealthing, el desafío seguirá siendo fortalecer la legislación para garantizar la justicia y protección de las víctimas.
