El gobierno sudafricano ha decidido intensificar su lucha contra las «importaciones grises» que están afectando negativamente tanto la economía como la seguridad vial del país. Estos «vehículos grises» son automóviles importados ilegalmente, principalmente desde Europa, Japón y Estados Unidos, que son de segunda mano, altamente contaminantes y carecen de los mínimos estándares de seguridad.
A pesar de que Sudáfrica ya cuenta con legislaciones que prohíben la importación de estos vehículos, los contrabandistas aprovechan las regulaciones más laxas de países vecinos como Botswana, Lesotho y Esuatini para introducirlos en el país. Este fenómeno ha permitido que alrededor de 30.000 vehículos usados entren ilegalmente a Sudáfrica cada año, representando un 7,5% del parque móvil del país, es decir, aproximadamente unos 938.000 vehículos en total.
Uno de los principales riesgos asociados a los «vehículos grises» es su falta de mecanismos de seguridad, poniendo en peligro tanto a los conductores como a otros usuarios de la vía. Además, los propietarios de estos vehículos ilegales enfrentan serios problemas legales. Según la normativa vigente en Sudáfrica, la posesión de un vehículo ilegal puede derivar en sanciones económicas, confiscación y destrucción del automotor, e incluso penas de cárcel. Otro aspecto crítico es que los accidentes que involucren a estos vehículos no son cubiertos por ninguna aseguradora.
Para tratar de solventar este problema, el gobierno sudafricano ha lanzado una amnistía que se extiende hasta fin de año. Los propietarios que entreguen voluntariamente sus vehículos ilegales no enfrentarán repercusiones legales. Con esta medida, el ejecutivo se ha propuesto retirar de las carreteras el 50% de los «vehículos grises» en los próximos cinco años, intentando así mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación ambiental en el país.
La iniciativa coincide con informes de la ONU que, desde 2022, han alertado sobre la importación de vehículos usados en África, destacando que muchos de estos automóviles no cumplen con las normas básicas de seguridad y medio ambiente. Sudáfrica busca así alinearse con las recomendaciones internacionales y proteger tanto a sus ciudadanos como al medio ambiente.
