La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha emitido una alerta grave respecto a la situación que se vive en el norte de Gaza, señalando que las acciones militares por parte de Israel podrían estar llevando a la «destrucción de la población palestina». Desde el inicio del conflicto armado el pasado 6 de octubre, las condiciones para los palestinos en esta región se han tornado insostenibles, según un comunicado oficial de la ONU. Cabe recordar que en enero de este año, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel implementar medidas para prevenir un potencial genocidio.
Philippe Lazzarini, quien funge como comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), ha resaltado que tanto el cerco como la ofensiva militar han obstaculizado la llegada de asistencia humanitaria al norte de Gaza. La situación es particularmente crítica en los hospitales, que permanecen bajo asedio constante. Lazzarini expresó su preocupación ante las críticas sobre el asedio a los únicos tres hospitales de la zona, donde más de 350 pacientes, incluidas mujeres embarazadas y niños, no pueden recibir la atención médica necesaria.
La crisis humanitaria se ha agravado al punto de saturar los refugios administrados por la UNRWA, obligando a las personas a vivir en condiciones sumamente precarias, incluso en espacios como los retretes. Informes de prensa señalan que este lunes uno de estos refugios fue atacado, resultando en al menos 10 muertos y más de 30 heridos a causa de disparos de artillería israelí. Desde que comenzó el asedio, más de 500 palestinos han perdido la vida y al menos 56,000 han sido desplazados, según las mismas fuentes.
Por otro lado, la misión de mantenimiento de paz de la ONU en el Líbano, conocida como UNIFIL, continua en sus posiciones a pesar de los retos crecientes. El general español Aroldo Lázaro, comandante de la misión, ha visitado recientemente a las tropas emplazadas en áreas afectadas por intensos combates. La UNIFIL ha presentado denuncias contra Israel por actos deliberados que incluyen la demolición de un puesto de vigilancia y de la valla perimetral de uno de sus emplazamientos, situaciones que constituyen violaciones del derecho internacional y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
A medida que la comunidad internacional observa con preocupación la escalada de la violencia y su devastador impacto en la población civil de ambas regiones, organismos de derechos humanos y de asistencia humanitaria han hecho un llamado urgente a la acción.
