Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) continúan perpetrando un asalto sistemático contra los derechos humanos en Sudán, según una advertencia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Este pronunciamiento, realizado este viernes, se produce en medio de una creciente inacción global frente a la crisis humanitaria que afecta al país, donde las hostilidades entre ambas fuerzas han sumido al pueblo sudanés en un estado de desesperación y sufrimiento.
Türk enfatizó que el conflicto, que se aproxima a su tercer año, ha desarraigado las vidas de millones de sudaneses. En su mensaje, instó a las partes en conflicto a deponer las armas y urgió a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas. La situación de los derechos humanos en Sudán es alarmante: 12.6 millones de personas han sido desplazadas, 24.6 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa y cerca de 17 millones de niños han quedado fuera del sistema escolar.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha expresado su gran preocupación, estimando que alrededor de 25 millones de sudaneses están al borde de la hambruna y clasificando este conflicto como la mayor catástrofe de hambre del mundo. La lucha por el control de recursos económicos esenciales, como el oro y la goma arábiga, ha exacerbado la situación y se ha convertido en el motor del conflicto, sustentada por el comercio internacional.
La violación de derechos humanos ha ido en aumento, con ataques a infraestructuras esenciales y represalias brutales contra personas sospechosas de colaborar con la oposición. La violencia sexual se ha generalizado y las amenazas y el acoso hacia miembros de la sociedad civil son cada vez más frecuentes, disminuyendo el espacio cívico y afectando gravemente la libertad de información.
La crisis no solo afecta a quienes permanecen en el país; cerca de 4 millones de sudaneses han cruzado fronteras hacia países vecinos, huyendo de la violencia en busca de seguridad. Muchos de estos refugiados han sido víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y confrontan una vida de desolación y pérdida.
Las condiciones de los servicios de salud son igualmente alarmantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado un aumento en los ataques a instalaciones sanitarias, que han resultado en más de 300 muertes y más de 270 heridos, mientras que aproximadamente el 80% de los hospitales en las áreas en conflicto permanecen cerrados. Estas circunstancias han provocado un aumento en la mortalidad materna y obstétrica.
Türk ha instado a la comunidad internacional a garantizar el respeto de los derechos humanos y a exigir rendición de cuentas por las múltiples violaciones que están ocurriendo. Sin embargo, los recortes en la financiación humanitaria han dejado a organizaciones como ACNUR lidiando con necesidades básicas insatisfechas, poniendo en riesgo la supervivencia de millones de personas. La reducción de los fondos limita el acceso a agua potable y aumenta el riesgo de enfermedades, creando un ciclo devastador para los desplazados y refugiados en Sudán.
