El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marín ha dictado una sentencia favorable a un cliente que utilizaba una tarjeta revolving, condenando a una entidad bancaria al reembolso de 6.949,87 euros por la cantidad cobrada de más. La empresa legal reclamador.es ha informado que, tras conocer la resolución, el banco abonó inmediatamente el importe al afectado.
El conflicto se originó cuando el consumidor, quien contrató la tarjeta a principios de 2012, se percató de que esta estaba vinculada a una TAE usuraria del 26,82%. A pesar de que la tarjeta fue gestionada luego por una nueva entidad, su oferta se caracterizó por una notable falta de transparencia, haciendo que el contrato resultara “prácticamente ilegible”. Este aspecto fue determinante en la resolución del caso, dado que el cliente había estado utilizando la tarjeta como si fuera un medio de pago común, sin que jamás se le explicara claramente su funcionamiento ni los altos intereses asociados.
El crédito inicial otorgado por esta tarjeta era de 4.100 euros. Aunque en un principio las cuotas eran de alrededor de 30 euros, estas comenzaron a aumentar exponencialmente, alcanzando cifras cercanas a los 200 euros mensuales. La denuncia de esta situación culminó en una sentencia que declaró la nulidad del contrato por la falta de claridad en la información proporcionada al consumidor. Irene Becerra, directora legal de reclamador.es, destacó que se trata de un fallo que no solo beneficia al demandante, sino que también sienta un precedente en la lucha contra las prácticas abusivas de algunas entidades financieras.
Las tarjetas revolving han ganado popularidad en España como una manera rápida de financiar compras. Sin embargo, estos productos financieros suelen ocultar tipos de interés muy elevados, que muchos consumidores desconocen por la falta de información clara en el momento de su contratación. La reciente sentencia de Marín, confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, subraya la importancia de la transparencia en la comercialización de productos financieros y el derecho de los consumidores a recibir información clara y comprensible.
