El pasado 30 de abril de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer la Ley 2/2025, que deroga el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores. Esta legislación representa un cambio significativo en la protección de los trabajadores al eliminar la posibilidad de despedir automáticamente a un empleado tras la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Con esta reforma, las empresas ya no podrán finalizar de manera automática los contratos laborales de aquellos trabajadores que se encuentren en estas situaciones. En su lugar, tendrán la obligación de evaluar la posibilidad de readaptar o reubicar a los empleados en puestos que se ajusten a sus capacidades. Esta medida busca fomentar la inclusión laboral y erradicar la discriminación en el ámbito del trabajo, obligando a las empresas a realizar un análisis exhaustivo de las capacidades del personal y las opciones disponibles para su reubicación.
La nueva normativa también enfatiza la importancia de cumplir con las leyes relacionadas con la discapacidad y la no discriminación, ya que un despido injustificado podría constituir una violación de derechos fundamentales, con serias consecuencias legales para las empresas. Por lo tanto, las áreas de recursos humanos deben actualizar sus procedimientos internos, especialmente aquellos que abordan bajas laborales prolongadas y situaciones relacionadas con la incapacidad.
El incumplimiento de esta ley podría acarrear despidos considerados nulos, lo que obligaría a la readmisión del trabajador afectado, además de implicar el pago de salarios de tramitación, indemnizaciones por daños morales y multas por discriminación.
Valoira Abogados, una destacada firma con más de 30 años de experiencia en Derecho Laboral, ha recomendado a las empresas revisar todos sus procedimientos internos relacionados con la extinción de contratos por motivos de salud. También ha sugerido la necesidad de solicitar informes médicos y jurídicos previos a la toma de decisiones, así como de implementar medidas de adaptación razonables en colaboración con los servicios de prevención. Asimismo, se alienta a las empresas a capacitar a sus equipos de recursos humanos y dirección jurídica en relación a la nueva normativa y a consultar con abogados especializados ante cualquier duda.
Con oficinas en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, Valoira Abogados ofrece asesoramiento legal a empresas y profesionales en todo el país, combinando una sólida especialización jurídica con un enfoque estratégico.
