El Gerente General de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, ha expresado su preocupación sobre las implicaciones que la nueva Ley de Interés Preferencial, cuyo inicio está programado para el 1 de enero de 2026, tendrá en el sector bancario y el mercado inmobiliario en Panamá. Durante su intervención en el Foro Inmobiliario 2025, Farrugia destacó que los cambios en el régimen de intereses pueden afectar directamente el poder adquisitivo de los compradores, así como la capacidad de colocar nuevas hipotecas.
Entre las modificaciones más significativas que introduce la normativa se encuentra la desregulación de la tasa de referencia, que podría aumentar del actual 6.25% a cifras que oscilan entre el 6.5% y el 6.75%. Este incremento supone un impacto considerable para los clientes, quienes se verán obligados a afrontar un mayor diferencial en sus créditos. Asimismo, se reducirá el periodo de subsidio estatal de 10 a 7 años, limitando la protección financiera que hoy reciben las familias panameñas.
Farrugia advirtió que esta situación restringirá drásticamente la capacidad de compra de los ciudadanos. “La persona que antes podía adquirir una casa de $100,000 ahora se verá forzada a buscar una propiedad de $80,000”, subrayó. Su preocupación encuentra eco en los recientes resultados financieros de Caja de Ahorros, que reportó una disminución de $108 millones en préstamos hipotecarios, bajando de $325 millones en 2024 a $217 millones en 2025, es decir, una contracción superior al 33%.
A pesar de que el Ejecutivo ha decidido suspender temporalmente la ley hasta inicios de 2026, lo que ha permitido avanzar en cerca de 9,000 trámites hipotecarios que estaban estancados, Farrugia destacó que se requerirán medidas adicionales para mitigar el impacto estructural que la nueva normativa podría generar.
Ambas entidades, Caja de Ahorros y Banco Nacional, han reafirmado su compromiso con el mercado, destinando entre $300 y $350 millones cada uno para cubrir más del 60% del segmento hipotecario en el año 2026. Las estrategias incluirán la priorización de desembolsos que aseguren a los clientes el subsidio de 10 años, una colaboración con Banco Nacional para compartir riesgos y la implementación de modelos científicos para validar proyectos.
Farrugia también enfatizó la importancia de mejorar la eficiencia operativa, logrando reducir el tiempo de formalización hipotecaria de 142 a 33 días, estableciendo objetivos para alcanzar entre 4,000 y 6,000 hipotecas anuales en el sector preferencial. “Estamos trabajando con solidaridad y propósito. Nuestro objetivo es proteger a las familias, garantizar acceso a la vivienda y responder con eficiencia ante un entorno retador”, concluyó.
Finalmente, Caja de Ahorros subrayó la relevancia de la colaboración entre la banca, los desarrolladores y el Estado para enfrentar los cambios regulatorios y asegurar la estabilidad del mercado hipotecario para el año 2026.
