La Corte Internacional de Justicia ha iniciado una serie de audiencias para determinar si Israel debe restablecer su cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), tras la reciente ruptura de vínculos. Israel justificó esta decisión argumentando que la agencia estaba coludiendo con Hamas. En paralelo, el proceso evaluará las obligaciones de Israel en cuanto a garantizar asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza y Cisjordania.
Desde el pasado 2 de marzo, Israel ha mantenido un bloqueo severo sobre la entrada de ayuda a Gaza, lo que ha encendido alertas entre la ONU y diversas organizaciones humanitarias ante la crítica escasez de alimentos y suministros básicos. En este contexto, Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos de la ONU, enfatizó que Israel, como “potencia ocupante”, tiene el deber de “aceptar y facilitar” programas de asistencia humanitaria. Hammarskjöld advirtió que Israel no puede decidir unilateralmente descalificar a las agencias de la ONU y debe abordar cualquier preocupación a través del diálogo.
El embajador palestino ante los Países Bajos, Ammar Hijazi, acusó a Israel de genocidio, argumentando que el régimen israelí está “matando de hambre” a los palestinos y obstaculizando el trabajo de organizaciones humanitarias. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, descalificó la audiencia como un acto de persecución y deslegitimación sistemática hacia su país.
La situación en Gaza se deteriora cada día, con la ONU y el Programa Mundial de Alimentos advirtiendo que sus recursos se están agotando. Sin acceso a la ayuda, familias como la de Wafaa, que vive desplazada con sus tres hijos en una escuela, se ven obligadas a recurrir a dietas mínimas y enfrentarse a la posibilidad de pasar hambre. Wafaa ha señalado que sólo cuenta con alimentos para pocos días y que está tratando de conservar lo que les queda.
Además, el Alto Comisionado para los Refugiados ha instado a los gobiernos a no permitir que los gastos en defensa y las prioridades nacionales socaven la ayuda humanitaria, advirtiendo que la reducción o congelación de estos presupuestos está teniendo consecuencias devastadoras para millones de personas.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido nuevas directrices para detener la «medicalización» de la mutilación genital femenina, destacando que una de cada cuatro mujeres ha sido sometida a esta práctica por parte de trabajadores de la salud. La organización ha instado a prohibir que el personal médico participe en estas prácticas y a comprometerlos en su prevención.
