El gobierno mexicano ha implementado un nuevo marco legislativo que ha generado serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. Aprobadas recientemente, estas leyes permiten a las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, acceder a una amplia gama de datos personales y exigen que todos los individuos proporcionen información biométrica sin necesidad de justificativo de actividad delictiva.
Entre los aspectos más polémicos de esta reforma se encuentra la creación de la Central Intelligence Platform, una plataforma de inteligencia interconectada que facilita el acceso de las agencias de seguridad e inteligencia a datos personales provenientes de entidades públicas y privadas. Esta información incluye detalles como matrículas de vehículos, datos biométricos, información telefónica, registros financieros y datos de salud.
Aunque el gobierno presenta estas medidas como esenciales para combatir el crimen, organizaciones de la sociedad civil, como RD3 y Artículo 19, han manifestado su preocupación, advirtiendo que constituyen un sistema de vigilancia descontrolado que amenaza derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión, además de socavar la presunción de inocencia.
Un análisis reciente también destaca que la legislación obliga a los ciudadanos a inscribirse en un sistema de identificación biométrica que incluye huellas dactilares y fotografías. Será indispensable para acceder a servicios básicos como la banca, atención médica y educación. Asimismo, la Ley de Telecomunicaciones requiere que las empresas de telecomunicaciones establezcan un registro que vincule los números telefónicos de los usuarios con sus identificaciones biométricas, y podrán suspender servicios a quienes no cumplan.
El acceso de las fuerzas armadas a esta plataforma permite consultar en tiempo real bases de datos de distintos sectores, lo que propicia un entorno de vigilancia excesiva. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, deberán interconectar sus bases de datos o proporcionar información al gobierno sin necesidad de autorización judicial.
Este nuevo marco normativo no solo facilita vigilancia sin causa justificada, sino que también establece penalizaciones por la divulgación de información considerada confidencial. Activistas y defensores de derechos humanos han hecho un llamado a la resistencia ante este sistema de supervisión masiva, subrayando la importancia de proteger los derechos fundamentales frente a regulaciones desproporcionadas.
