Durante el Foro Parlamentario de la Tercera Conferencia de la ONU sobre países en desarrollo sin salida al mar, celebrado este lunes, altos funcionarios de la organización internacional pusieron de relieve la necesidad de voluntad política y de medidas legislativas nacionales para llevar a cabo un nuevo plan de desarrollo a diez años. Este ambicioso programa tiene como objetivo generar un impacto significativo en las 32 naciones que no tienen acceso directo al océano, las cuales albergan a cerca de 600 millones de personas.
Los países sin litoral, muchos de ellos clasificados entre las economías menos desarrolladas, enfrentan retos considerables, incluyendo altos costos de transporte, limitada conexión a mercados globales y una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático. La alta representante Rabab Fatima destacó que estos desafíos no solo son consecuencia de la falta de acceso al mar, sino también de deficientes infraestructuras y recursos limitados en ámbitos como la exportación y el financiamiento.
Las cifras que se presentaron resultan alarmantes: aunque los países en desarrollo sin litoral constituyen el 7% de la población mundial, su contribución al producto interno bruto global apenas alcanza el 1%. Además, los costos comerciales en estas naciones son un 30% más altos que en los países costeros. La situación se agudiza al considerar que solo el 61% de la población de estas naciones tiene acceso a la electricidad, en comparación con el 92% a nivel mundial, y menos del 40% cuenta con acceso a internet.
Fatima presentó el Programa de Acción de Awaza como una “hoja de ruta clara” para transformar estas desventajas en oportunidades, subrayando que su éxito depende de acciones concretas a nivel nacional. Por ello, instó a los legisladores a alinear las estrategias nacionales con los objetivos del plan, garantizar un financiamiento adecuado, fomentar el comercio e implementar buenas prácticas de gobernanza.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Philémon Yang, apoyó este llamado, enfatizando la responsabilidad de los parlamentos en convertir los compromisos globales en logros tangibles a nivel nacional. Resaltó la importancia de crear un marco legal que favorezca el desarrollo en áreas clave como infraestructura, innovación y comercio, además de gestionar recursos en sectores como educación, salud y acción climática.
Yang también abordó la urgencia de la responsabilidad ambiental, haciendo referencia a una reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que declara que la acción climática es un deber legal de todos los Estados. Reiteró el rol de los parlamentos en supervisar las acciones gubernamentales y garantizar un uso eficiente de los fondos públicos, describiéndolos como un vínculo esencial entre el Estado y la sociedad.
Finalmente, el presidente enfatizó que fortalecer la cooperación interparlamentaria, tanto a nivel regional como global, es crucial para abordar los desafíos que enfrentan los países en desarrollo sin litoral. Cerró su intervención reafirmando el compromiso de la Asamblea General como “el parlamento de la humanidad”, abogando por una agenda de desarrollo inclusiva que favorezca a estas naciones y promueva la paz, la prosperidad y la dignidad para todos.
