El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado de manera urgente tras los recientes bombardeos israelíes en Irán, que han causado daños significativos en un centro de enriquecimiento nuclear. Los ataques han resultando en la muerte de líderes militares y de varias decenas de civiles, según fuentes locales. Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha condenado el ataque, enfatizando que las instalaciones nucleares nunca deben ser objeto de ataque, pues esto puede tener graves repercusiones tanto para la población como para el medio ambiente.
Aunque el sitio de Natanz fue impactado, se ha informado que no se han detectado niveles elevados de radiación. Las instalaciones en Esfahan y Fordow, al menos hasta ahora, no han sido afectadas. Grossi ha advertido que estas acciones pueden tener profundas implicaciones para la seguridad nuclear, así como para la paz regional e internacional. El Secretario General de la ONU también condenó cualquier escalada militar en Medio Oriente y ha instado a las partes involucradas a mantener la calma.
Paralelamente, la crisis humanitaria en Gaza se ha agravado notablemente tras un apagón total en las telecomunicaciones, lo que ha paralizado las operaciones de ayuda en la región. Desde el 12 de junio, la falta de conectividad a Internet ha dejado a las agencias humanitarias sin capacidad para coordinar o entregar asistencia vital. Este colapso de la infraestructura ha sido calificado como un desastre absoluto. La última ruta de fibra óptica que conectaba el centro y sur de la Franja ha sido destruida, y las redes móviles funcionan de forma muy limitada.
El Coordinador Humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha enfatizado que sin acceso inmediato a los medios básicos de supervivencia, el riesgo de hambruna y caos podría incrementarse, provocando la pérdida de más vidas.
A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación sobre la muerte de al menos cinco personas durante recientes protestas en Bolivia. Estas manifestaciones, principalmente en áreas rurales, han surgido como respuesta al descontento por la inhabilitación del expresidente Evo Morales y las crecientes dificultades económicas. Jan Jarab, representante de la ONU para América del Sur, ha destacado la importancia de llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para garantizar justicia y prevenir la impunidad, subrayando que la protesta pacífica es un derecho fundamental, aunque la violencia no puede ser tolerada en una sociedad democrática.
En Colombia, la ONU también ha lanzado una alerta sobre la situación crítica de las comunidades rurales en el Guaviare, que enfrentan un conflicto armado intensificado. La oficina de la ONU ha expresado su preocupación por los derechos humanos de los ciudadanos en esta área y ha instado a abrir un corredor humanitario para garantizar asistencia y protección. La situación es alarmante, ya que la población civil se encuentra atrapada en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que limita su acceso a alimentos, salud y educación.
