El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado por unanimidad una resolución que renueva por un año las sanciones impuestas sobre Haití, enfocándose en un embargo de armas, prohibiciones de viaje y el congelamiento de activos. Esta medida busca detener el flujo ilegal de armamento hacia grupos criminales, que han desencadenado un alarmante aumento de la violencia en el país caribeño.
La resolución destaca que la situación en Haití plantea una amenaza continua para la paz y la seguridad regional, en medio de una crisis humanitaria que se ha visto agravada por desastres naturales, inestabilidad económica y la impunidad de bandas armadas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Desde 2022, Haití se encuentra bajo un embargo de armas ya que no produce armamento; sin embargo, se estima que entre 270,000 y 500,000 armas ilegales circulan en su territorio, muchas de las cuales están en manos de bandas criminales y grupos de autodefensa comunitaria.
La violencia armada ha tenido un costo devastador: más de 5,600 asesinatos han sido reportados en 2024 en relación con estos incidentes. En respuesta a esta crisis, la resolución también exhorta a los Estados Miembros a prohibir el suministro, venta o transferencia de armas, así como cualquier tipo de apoyo técnico o financiero a actores no estatales en Haití. Además, se enfatiza la urgencia de mejorar las capacidades de control aduanero, marítimo y fronterizo, así como fomentar la cooperación regional para combatir el tráfico ilegal de armas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que el embargo enfrenta serias vulnerabilidades a través de rutas de contrabando, principalmente desde Estados Unidos y algunos países de América del Sur. Las armas suelen ingresar al país ocultas en cargamentos comerciales o disfrazadas de ayuda humanitaria. La ONU continúa su colaboración con Haití y socios regionales para mejorar el rastreo de armamento y fortalecer los controles fronterizos, considerando vital la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos para la efectividad del embargo.
Finalmente, el Consejo de Seguridad reafirmó su compromiso con la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de Haití, subrayando que el embargo tiene como objetivo debilitar la capacidad operativa de los grupos armados y proteger a la población civil, que sufre las consecuencias de una violencia desmedida.
