La crisis en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se agrava día a día, afectada por un conflicto armado persistente que está generando un éxodo masivo de personas y una aguda hambruna. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha alertado que, a medida que se intensifican los combates, decenas de miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, mientras que la ayuda humanitaria se encuentra con serias dificultades para llegar a las áreas más afectadas.
El acceso a las provincias controladas por los rebeldes del M23, grupo que cuenta con el apoyo de Ruanda, se ha convertido en una misión casi imposible. A pesar de las reiteradas negaciones de Kigali sobre su respaldo al M23, la crisis se ha visto intensificada por una creciente falta de recursos. Cynthia Jones, directora del PMA en la RDC, subrayó la urgencia de restablecer el acceso aéreo a las zonas más críticas, dado que dos aeropuertos han permanecido cerrados desde finales de enero.
Los números son alarmantes: alrededor de 25 millones de personas están sufriendo altos niveles de inseguridad alimentaria, y tres millones se encuentran en condiciones de hambre consideradas «de emergencia». Esta cifra ha casi duplicado en comparación con el año anterior, lo que ha llevado a muchas familias a saltarse comidas y vender sus pertenencias e incluso sus animales para sobrevivir.
La violencia persistente entre el M23 y las fuerzas gubernamentales ha desatado un nuevo ciclo de desplazamiento en el país, con aproximadamente 5,2 millones de personas desplazadas hasta la fecha. De estas, 1,6 millones han sido forzadas a abandonar sus hogares solo en 2023, posicionando a la RDC como una de las crisis de desplazados más graves del mundo.
A pesar de la creciente necesidad de asistencia humanitaria, los fondos disponibles están disminuyendo drásticamente. El PMA ha tenido que reducir su número de beneficiarios de cerca de un millón a solo 600,000 actuales. Con una solicitud urgente de 350 millones de dólares para mantener la asistencia alimentaria durante los próximos seis meses, la agencia ha advertido que, sin un aumento en la financiación, se verá obligada a limitar su apoyo a solo 300,000 personas, lo que representa apenas el 10% de quienes realmente necesitan ayuda.
La falta de recursos no solo pone en riesgo a las comunidades, sino que también ha llevado al PMA a cerrar oficinas y reducir su personal en un entorno de creciente inseguridad. El colapso de servicios esenciales es inminente, y se prevé que la asistencia alimentaria de emergencia pueda interrumpirse completamente en marzo de 2026.
La situación se complica aún más con la pérdida de la temporada de siembra, ya que muchos agricultores han tenido que dejar sus tierras. Las comunidades de acogida, especialmente en áreas urbanas como Ituri, luchan por satisfacer las necesidades básicas de los desplazados, quienes siguen sufriendo las crueles consecuencias de la violencia. Jones concluyó reiterando que «están exhaustos y necesitan paz», enfatizando la urgencia de una intervención humanitaria efectiva.
