Un nuevo proyecto de ley presentado esta semana en el Senado estadounidense ha suscitado alarmas entre defensores de la libertad de expresión y la seguridad digital. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha instado al Congreso a rechazar el STOP CSAM Act de 2025, que, según sus críticos, podría perjudicar la encriptación y poner en riesgo la comunicación en línea.
El proyecto, conocido como S. 1829, tiene como objetivo limitar la circulación en línea de material de abuso sexual infantil (CSAM), que ya es objeto de estrictas leyes. Actualmente, los proveedores de servicios en línea tienen la obligación de reportar cualquier conocimiento de CSAM al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que se encarga de dirigir estos informes a las autoridades correspondientes.
Sin embargo, la propuesta del S. 1829 va más allá de los requerimientos actuales y plantea sanciones para cualquier servicio que busque proteger a sus usuarios. Se aplica a un amplio espectro de plataformas, incluidas aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube. Las nuevas disposiciones criminalizan la acción de “almacenar o hacer disponible” material de abuso infantil, empleando términos tan vagos como “promover” y “facilitar”, lo que podría hacer que los proveedores sean responsables incluso sin haber tenido conocimiento de la existencia de CSAM en sus plataformas.
Una de las situaciones más preocupantes es que incluso aquellos que utilizan encriptación de extremo a extremo, que impide la verificación del contenido por parte del proveedor, podrían ser considerados culpables. Aunque se ha incluido una defensa para aquellos que demuestren que es «tecnológicamente imposible» eliminar el CSAM sin comprometer la encriptación, este recurso no parece suficiente para mantener la seguridad digital sin costosas batallas legales.
Adicionalmente, el S. 1829 introduce una nueva excepción a la Sección 230 de la ley de comunicaciones, que protege a los intermediarios de Internet de ser considerados responsables por el contenido publicado por sus usuarios. Sin esta salvaguarda, es probable que las plataformas opten por censurar más contenido para evitar responsabilidades legales, afectando gravemente la libertad de expresión.
La combinación de estas medidas podría resultar en un entorno digital más restringido, donde los usuarios se vean limitados en su capacidad para comunicarse libremente. La EFF y otros defensores de los derechos digitales hacen un llamado urgente a los legisladores para que reconsideren el enfoque adoptado en esta propuesta de regulación.
