En San José, California, la Policía se enfrenta a serias acusaciones por violaciones a la Constitución del Estado tras realizar búsquedas sin orden judicial en los registros que almacenan información sobre los hábitos y movimientos de millones de conductores. La denuncia fue presentada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Unión Americana de Libertades Civiles de California del Norte (ACLU-NC), que buscan detener la práctica de acceso a datos recopilados por lectores automáticos de matrículas (ALPR).
El litigio, que se ha presentado en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, también representa a Servicios, Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN) y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de California (CAIR-CA). Según el documento legal, los agentes han estado accediendo a información de ubicación sin el respaldo de un mandato judicial, empleando tecnología de vigilancia invasiva. Los ALPR son cámaras que capturan imágenes de matrículas de vehículos de manera automática, sin necesidad de sospechas de actividad delictiva.
La demanda sostiene que un conductor que transita regularmente por áreas monitorizadas por ALPR podría ver su información de ubicación registrada varias veces al día. Esta recopilación de datos puede revelar patrones de movimiento y ofrecer un retrato detallado de la vida de una persona, incluyendo viajes al trabajo, visitas a lugares de culto y consultas médicas. De este modo, la policía puede reconstruir el trayecto de cada individuo sin el debido control.
Con cerca de 500 ALPRs desplegados en la ciudad, San José recopila millones de registros mensuales sobre los movimientos de sus ciudadanos, manteniendo esta información durante un año. Esto plantea serias preocupaciones sobre el poder no regulado de las autoridades para rastrear los desplazamientos de residentes y visitantes.
La demanda, que también incluye al alcalde de San José, Matt Mahan, y al Jefe de Policía, Paul Joseph, solicita que la ciudad y su fuerza policial se vean obligadas a obtener una orden judicial antes de realizar búsquedas en la base de datos de ALPR. Según la legislación estatal, la información de ubicación debe permanecer protegida y cualquier acceso a ella requiere justificación ante un tribunal.
Representantes de SIREN y CAIR han enfatizado que este caso no solo trata sobre tecnología, sino sobre la rendición de cuentas y el derecho al libre movimiento de las personas sin ser observadas. Zahra Billoo, directora ejecutiva de CAIR en el área de la Bahía de San Francisco, comentó que la idea de que la policía pueda rastrear cada movimiento sin causa es alarmante. Huy Tran, director ejecutivo de SIREN, subrayó la importancia de salvaguardar los derechos de privacidad de los residentes, sugiriendo que el acceso a estos datos debería estar sujeto a un control judicial.
Ambas organizaciones esperan que este caso reafirme los derechos constitucionales y limite la vigilancia masiva, especialmente en un contexto donde las tecnologías avanzadas pueden exponer detalles íntimos de la vida de las personas.
