La retención obligatoria de metadatos ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda política digital europea. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado múltiples sentencias que afirman la incompatibilidad de los mandatos generales de retención de datos con los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Comisión Europea avanza hacia la reintroducción de medidas que permitirían esta práctica a nivel comunitario. Recientemente, lanzó una convocatoria para recopilar opiniones sobre la retención de datos en el ámbito de las investigaciones criminales, lo que representa un primer paso formal hacia la elaboración de una propuesta legislativa.
Durante los últimos años, tanto la Comisión Europea como varios Estados miembros han intentado revivir la política de retención de datos. Para ello, se ha constituido un grupo de alto nivel, denominado HLG «Going dark», que utiliza una narrativa que sugiere que las autoridades de justicia están «a ciegas» debido a la falta de acceso a datos, a pesar de la creciente cantidad de información que se puede obtener a través de empresas y gobiernos. Este grupo ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por no incluir la perspectiva de la sociedad civil en sus deliberaciones.
Las recomendaciones del HLG, publicadas en 2024, son vistas por muchos como un conjunto de deseos de vigilancia estatal. Proponen medidas como la implementación de «puertas traseras» en diversas tecnologías, que permitirían un acceso más fácil a la información, y sugieren que los proveedores de servicios deberían recopilar y retener más datos de los usuarios de lo que es fundamental para ofrecer sus servicios. Asimismo, se plantea la creación de un régimen armonizado de retención de datos que ampliaría el acceso a información personal.
Organizaciones de la sociedad civil, incluida la Electronic Frontier Foundation (EFF), han expresado su fuerte oposición a estas propuestas, instando a la Comisión a proteger los derechos fundamentales y garantizar la privacidad en las comunicaciones. En su respuesta a la convocatoria de la Comisión, la EFF enfatizó que cualquier futura medida legislativa debe priorizar la protección de los derechos individuales y alinearse con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La organización destacó que la retención indiscriminada de datos no solo atenta contra la privacidad, esencial en una democracia, sino que también genera riesgos de seguridad cibernética al crear grandes repositorios de metadatos que son vulnerables a actores maliciosos. Además, se resaltó la ausencia de pruebas que justifiquen la necesidad de la retención masiva de datos, alertando que extender estas obligaciones a servicios de comunicación sin número implicaría una violación de la doctrina del CJEU.
Es urgente que la Comisión Europea desista definitivamente de la idea de la retención de datos, un tema que ha dominado las discusiones sobre políticas de la UE durante décadas, y que se enfoque en alternativas que respeten los derechos de los ciudadanos.
