Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha lanzado un enérgico llamado a los Estados miembros de la ONU, instando a que no suscriban la Convención de la ONU sobre los delitos cibernéticos. En un comunicado emitido recientemente, expresan su preocupación por los impactos negativos que esta convención podría tener sobre los derechos humanos, al mismo tiempo que instan a los países que opten por avanzar en este proceso a implantar medidas concretas para minimizar sus efectos adversos.
La Convención propone que los Estados implementen amplios poderes de vigilancia electrónica para investigar y colaborar en una amplia gama de delitos, muchos de los cuales no están relacionados con sistemas de información y comunicación. Esta legislación faculta a los gobiernos para recolectar, obtener y compartir evidencias electrónicas con autoridades extranjeras para cualquier «delito grave», entendiendo como tal cualquier ofensa que acarreé una pena mínima de cuatro años de prisión, sin contar con salvaguardias adecuadas para proteger los derechos humanos.
En múltiples naciones, la mera expresión de opiniones, la manifestación de una orientación sexual o identidad de género no convencional, o la realización de protestas pacíficas, pueden ser catalogadas como delitos graves según esta definición. Activistas y ciudadanos han enfrentado largas condenas de prisión e incluso torturas por criticar a sus gobiernos en plataformas sociales o por mostrar signos de resistencia.
En la actualidad, casi todas las interacciones digitales generan metadatos que revelan información sobre quién se comunica, cuándo y desde dónde, datos que frecuentemente cruzan fronteras en redes globales. La redacción de la Convención de la ONU permitiría a los Estados explotar sus mecanismos de cooperación y acceso a datos transfronterizos, lo que representaría un riesgo considerable para la vigilancia política y la represión de las voces disidentes en el extranjero.
Con la creciente utilización de tácticas abusivas por parte de gobiernos que buscan ampliar su control más allá de sus fronteras, la Convención tiene el potencial de convertirse en un instrumento de represión global. Esta situación podría facilitar la creación de una infraestructura multilateral de vigilancia digital, permitiendo el acceso y el intercambio de datos entre países, lo que dificultaría los esfuerzos para detectar y desafiar este tipo de monitoreo.
La EFF ha advertido de manera reiterada sobre las preocupaciones relacionadas con los amplios poderes de cooperación transfronteriza que otorga la Convención, así como su alarmante falta de salvaguardias de derechos humanos. A medida que la Convención se prepara para su firma, programada para el 25 y 26 de octubre de 2025 en Hanói, Vietnam—un país que ha sido objeto de críticas por encarcelar a opositores y reprimir la libertad de expresión en línea—el futuro de la libertad digital global se encuentra en una encrucijada crucial.
Los defectos existentes en la Convención no pueden ser fácilmente remediados, ya que carece de mecanismos para suspender a aquellos Estados que no respeten de manera sistemática los derechos humanos o el estado de derecho. Ante este panorama, se convoca a los países a que se nieguen a firmar o ratificar este tratado.
