El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha calificado de «completamente inaceptables» las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a tres importantes grupos palestinos de derechos humanos. Estas medidas, anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense, afectan a organizaciones que apoyan a la Corte Penal Internacional en su investigación de crímenes de guerra en Gaza. Las ONG implicadas son Al-Haq, el Centro Palestino para los Derechos Humanos y el Centro Al-Mezan, mientras que sanciones previas ya habían sido aplicadas a la organización Addameer en junio.
Türk ha enfatizado el papel fundamental que desempeñan estas organizaciones en la promoción de los derechos humanos y la rendición de cuentas. Según su opinión, estas sanciones no sólo desincentivan la acción de la sociedad civil en los territorios palestinos e Israel, sino que también tienen consecuencias a nivel global. Subrayó que, dado el contexto de violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y normas de derechos humanos en la región, el trabajo de estas ONG es más vital que nunca.
El Alto Comisionado advirtió que las sanciones podrían intensificar la impunidad y silenciar a las víctimas de abusos, lo que facilitaría la perpetuación de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Señaló que es imperativo que el gobierno de Estados Unidos retire todas estas sanciones, incluyendo las dirigidas contra la Relatora Especial sobre Derechos Humanos de los Palestinos, así como magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional.
En medio de este contexto, la situación en Gaza se agrava. Tess Ingram, jefa de comunicaciones de UNICEF para Medio Oriente, describió la ciudad como un lugar de «miedo, éxodos y funerales». Aproximadamente un millón de personas permanecen atrapadas en Gaza, enfrentando un colapso de servicios básicos que amenaza la vida de los más vulnerables. La ONU confirmó la presencia de hambruna en la región, oficialmente reconocida el 22 de agosto.
Asimismo, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU reportó que las fuerzas israelíes atacaron un rascacielos en Gaza que supuestamente albergaba operaciones militares, afectando también a campamentos de desplazados. La población en el norte de Gaza está atrapada; los campamentos de desplazados están saturados y los costos para trasladarse al sur son exorbitantes.
OCHA ha denunciado las severas restricciones impuestas por las autoridades israelíes al movimiento del personal humanitario, complicando aún más la situación. A pesar de estos obstáculos, la ONU ha logrado enviar algunos suministros básicos y reparar infraestructuras esenciales. Sin embargo, los trabajadores humanitarios continúan demandando un acceso más amplio y seguro para abordar la creciente crisis de hambre y desnutrición en Gaza.
En Cisjordania, OCHA informó que más de 2,780 palestinos han sido heridos este año debido a acciones de las fuerzas israelíes o colonos, un incremento del 39% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, más de 1,150 estructuras han sido demolidas por no contar con permisos de construcción.
Más de 40 expertos en derechos humanos han instado a la Asamblea General de la ONU a actuar ante la grave situación en Gaza, enfatizando que el silencio y la inacción de la comunidad internacional no son opciones viables. La exigencia es clara: se requiere una respuesta decidida para evitar una catástrofe mayor y garantizar la protección de la población civil.
