Un reciente informe de EY ha revelado que España tiene el coste de distribución eléctrica más bajo entre los principales países de Europa, con cifras que superan en más del doble a las de naciones como Francia y Alemania. Según el estudio, el coste por cliente en España asciende a 176 euros, en contraste con los 429 euros que pagan los consumidores alemanes y los 409 euros de los franceses. Solo Portugal y Grecia presentan cifras más bajas, con 155 y 102 euros respectivamente.
Sin embargo, al comparar con otros países europeos de más de 10 millones de clientes, España enfrenta un desafío, ya que sus 176 euros son significativamente inferiores, pero también más bajos que los 231 euros del Reino Unido y los 185 euros de Italia. La media en este grupo de países se sitúa en aproximadamente 286 euros.
El informe también indica que el ratio de ingresos por kilómetro de red y por megavatio de demanda máxima en España es uno de los más bajos de Europa, destacando la eficiencia de la red nacional, pero también apuntando a la necesidad de revisar el modelo de retribución del sector eléctrico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una nueva consulta pública para ajustar su propuesta a la actualidad, que contempla una planificación nacional de las redes eléctricas. Para fortalecer estas estructuras, el Ministerio para la Transición Ecológica planea una inversión de 13.600 millones de euros hasta el 2030. La CNMC había propuesto una tasa de retribución financiera del 6,46% para el periodo 2026-2031, un incremento respecto al 5,58% anterior, aunque las eléctricas consideran que esta subida es insuficiente para fomentar la inversión necesaria.
A medida que la demanda energética sigue creciendo, el sector ha manifestado que mantener los costos en este momento crítico no resulta efectivo. La sobrecarga de la red, reportada en un 83,4% de los nudos de distribución, limita la capacidad de conectar nueva demanda, afectando especialmente a la industria y a proyectos que requieren acceso a la red.
En este contexto, solo el 10% de las solicitudes industriales de conexión han sido aprobadas, dejando muchos proyectos en un estado incierto y arriesgando inversiones que podrían alcanzar hasta 60.000 millones de euros. Esta congestión no solo retrasa la instalación de nuevas industrias y centros de datos, sino que también perjudica negativamente el crecimiento económico y la competitividad del país.
