La comunidad internacional enfrenta un llamado urgente a la acción por parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, quienes presentaron sus inquietudes durante una sesión ante la Asamblea General de la ONU. Este grupo advirtió sobre el creciente nivel de represión ejercido por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha implementado políticas sistemáticas para silenciar la disidencia, lo que ha sido calificado como crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, destacó que Nicaragua ha transitado de ser un promotor de la paz a ocupar un lugar en la agenda de la ONU debido al desmantelamiento del Estado de derecho. La represión, según Simon, ha alcanzado niveles alarmantes, lo que exige un escrutinio más riguroso por parte de la comunidad global.
Las investigaciones del Grupo se sustentan en más de 1,900 entrevistas y 9,300 documentos, que documentan un patrón de violaciones de derechos humanos «graves, sistemáticas y generalizadas» desde el año 2018. Entre los crímenes se incluyen asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas. Estos hechos se han desarrollado en cuatro fases: la represión violenta de protestas entre 2018 y 2020, la represión electoral en 2021, el cierre de organizaciones no gubernamentales en 2022 y la consolidación del poder absoluto en 2023.
Particularmente preocupantes son las desapariciones forzadas, que han aumentado drásticamente y han causado angustia en muchas familias, tal como destacó el experto Reed Brody. Además, se ha denunciado la privación de la nacionalidad que afecta gravemente a al menos 452 nicaragüenses, dejándolos en un estado de apatridia que perjudica su acceso a servicios básicos y separa a familias.
El Grupo de Expertos también mencionó la represión transnacional, señalando que el gobierno ha desarrollado una estrategia de persecución que trasciende las fronteras, vigilando y hostigando a críticos en el exilio. Esta táctica ha culminado en episodios trágicos, como el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, quien fue un ferviente opositor del régimen.
Los expertos condenaron la decisión de Nicaragua de retirarse de varias agencias de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, señalando que esto no representa un acto de soberanía, sino una estrategia para evadir la supervisión internacional y consolidar la impunidad.
Ante esta crisis, el Grupo instó a la comunidad internacional a actuar de manera concreta. Entre sus propuestas se encuentran la protección de nicaragüenses en el exilio, la búsqueda de rendición de cuentas a través de la Corte Internacional de Justicia, la imposición de sanciones a los responsables y el fortalecimiento del apoyo a la sociedad civil y medios independientes en Nicaragua.
Con esta declaración, los expertos enfatizaron que el mundo no debe ser un mero espectador ante la violación de derechos humanos en Nicaragua.
